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Análisis Infodefensa.com

VCR 8x8: ¿el último tren para la industria española?

Demostrador de movilidad del VCR 8x8. Foto: Ministerio de Defensa

Demostrador de movilidad del VCR 8x8. Foto: Ministerio de Defensa

15/05/2020 | Madrid

B. Carrasco

El Ministerio de Defensa español ha dado luz verde a un nuevo esquema para relanzar el tan deseado y esperado VCR 8x8 que, como novedad frente a otros grandes proyectos, será gestionado y ejecutado por una sociedad anónima que aglutinará a cuatro de las principales empresas españolas de defensa: Indra, Santa Bárbara Sistemas, Sapa Placencia y Escribano Mechanical and Engineering.  

Esta decisión es fruto de casi cinco meses de negociaciones y contactos para reactivar un programa vital para el futuro Ejército de Tierra, que en diciembre del año pasado quedó tocado, tras declarar desierta la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) una primera oferta, y representa una clara apuesta por la industria de defensa nacional en tiempos especialmente difíciles, en medio de la lucha contra el Covid-19

La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha firmado la autorización que despeja el camino para avanzar en una pronta licitación del contrato al amparo del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este punto recoge que "todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra".   

En este artículo también se han amparado recientemente otros países europeos para adjudicar directamente contratos similares a su industria nacional. Es el caso, por ejemplo, de Francia con el programa Scorpion que implica la modernización de los blindados de las fuerzas armadas galas.   

Primer contrato desierto  

 

La nueva sociedad deberá recuperar el tiempo perdido los últimos meses. A mediados del año pasado, el Ministerio de Defensa decidió poner en marcha la fabricación de un primer lote de 348 vehículos VCR 8x8 para el Ejército, bautizados como Dragón. Para ello, apostó por un contratista único, Santa Bárbara Sistemas, y dos subcontratistas principales, Indra y Sapa. Estas tres compañías, cabe recordar, trabajan juntas desde hace cinco años, a través de una unión temporal de empresas, en el programa de los demostradores tecnológicos de este vehículo que incluye el diseño y construcción de cinco prototipos por unos 92 millones de euros.   

Bajo este esquema, Santa Bárbara Sistemas presentó una oferta y, el 23 de diciembre, la DGAM declaró desierto el contrato, al determinar que la propuesta no cumplía con los requisitos establecidos en los pliegos. A partir de entonces, el ministerio empezó a trabajar a contrarreloj en posibles soluciones para garantizar el futuro de un programa que ya contaba con importantes retrasos.  

En enero, sonó con fuerza la opción internacional. La DGAM exploró, como adelantó en exclusiva Infodefensa.com, las ventajas que tendría relanzar el proyecto por medio de la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (Occar), un organismo europeo que coordina varios programas de equipamiento de defensa. Entre ellos, el Boxer, un vehículo 8x8 desarrollado por las empresas alemanas Krauss Maffei Wegman (KMW) y Rheinmetall Man Military Vehicles, a través de la compañía conjunta Artec.   

Nueva oferta  

 

Sin embargo, este camino se diluyó con el paso de las semanas. A finales de enero, Robles declaró que la preferencia era negociar un nuevo contrato con Santa Bárbara Sistemas y, en febrero, surgieron las primeras voces que apuntaba a una nueva sociedad entre Santa Bárbara Sistemas, Indra y Sapa. En la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, la ministra anunció el pasado 20 de febrero que el departamento veía con buenos ojos la oferta de estas tres compañías y adelantaba un principio de acuerdo. "Tenemos una propuesta que entendemos, que, sin que haya ningún tipo de menoscabo de la calidad, y, sobre todo, atendiendo a las necesidades tecnológicas, quiero creer que podemos aprobar".    

Durante todos estos meses, tanto el Ministerio de Defensa, contratista, como el Ejército de Tierra, usuario final, han defendido que el programa saldría adelante. El ministerio, por su parte, ha insistido en que la solución elegida debería cumplir con tres premisas: tener vehículos cuanto antes, proteger los desarrollos tecnológicos de la UTE formada por Santa Bárbara Sistemas, Indra y Sapa, y tener un producto español de primer nivel mundial. El departamento también ha destacado, en repetidas ocasiones, que las necesidades y el presupuesto para el nuevo contrato no varían, es decir, 348 vehículos por 2.100 millones de euros.   

Programa nacional  

 

El acuerdo cerrado implica pasar de un modelo de contratista principal y y varios subcontratistas a una sociedad donde estarán, como era previsible, a la vista de las negociaciones, las tres empresas de la UTE, y, la gran novedad, Escribano. Sobre el papel, el ministerio alcanza los objetivos descritos y vuelve a depositar su confianza en la industria de defensa española, que tiene por delante el desafío de hacer viable un programa que es la columna vertebral sobre la que el Ejército de Tierra está construyendo su futura Fuerza 2035.  

El grado de participación de la industria español se estima en un 70 por ciento. Defensa hace especial énfasis en este punto. Esta solución, explica, “permite retener la autoridad de diseño en España” y subraya que garantiza “el control de obsolescencias y la futura incorporación de mejoras al vehículo, así como una carga importante de trabajo para la industria nacional durante todo su ciclo de vida que no será inferior a 40 años". Por su parte, las cuatro empresas implicadas apuntan en un comunicado conjunto que trabajarán en el “suministro de 348 Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8, así como del mantenimiento y apoyo al ciclo de vida y la comercialización internacional de estos”.  

Creación de la sociedad y nuevos pliegos  

 

La autorización del Ministerio de Defensa es solo el primer paso de una nueva etapa. Indra, Santa Bárbara Sistemas, Sapa y Escribano deberán acordar en las próximas semanas la estructura de la sociedad anónima y el órgano de dirección. De momento solo está confirmado que Luis Mayo, con una larga trayectoria profesional en el sector español de defensa, será el director general.   

Defensa, mientras, preparará los pliegos de una nueva licitación, con la intención de que el contrato de suministro, si no hay más contratiempos, pueda firmarse entre los meses de julio y septiembre. El plan es que el lote de 348 vehículos se entregue en un plazo estimado de siete años desde la firma del acuerdo del programa.   

También están por concretar algunos flecos en el reparto industrial entre las empresas, tras la incorporación de Escribano. Siguiendo con el esquema del contrato de los demostradores queda claro que Santa Bárbara Sistemas asumirá la producción de la plataforma, Indra será responsable del sistema de misión, mientras que Sapa producirá el grupo motopropulsor. La entrada de Escribano permite incrementar la participación española en el proyecto con su experiencia en el desarrollo de estaciones de armas. Esta compañía, con sede en Alcalá de Henares, ya participaba en el proyecto de los demostradores tecnológicos con su torre de 12,7 mm. Este acuerdo implica trabajar también en una torre de 30 mm.  

Por último, pendientes de aclarar quedan cuestiones como el número de configuraciones del vehículo y las prestaciones de la plataforma. Ambos puntos fueron determinantes en la decisión de declarar desierta la primera licitación y deberán ser aclarados en esta nueva oportunidad para la industria de defensa. En esta ocasión, como adelantó Robles, parece que las posturas están más cercanas, tras las negociaciones de las últimas semanas. Esperemos que no se pierda este segundo tren. 

 

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