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Webinario IDS Connect

El Gobierno extiende el modelo de control de las inversiones en defensa a otras áreas estratégicas

Foto: IDS Connect

Foto: IDS Connect

16/07/2020 | Madrid

B. Carrasco

El Gobierno español dio luz verde durante el estado de alarma por la crisis de la pandemia del Covid-19 a un nuevo marco legal para las inversiones extranjeras en sectores estratégicos.

En la práctica, continúa vigente el RD 664/1999, pero se introduce un artículo, el 7 bis en la Ley de Mercado de Capitales a través de dos reales decretos aprobados este año el RD 8/2020 y el RD 11/2020, según explicó la abogada y socia de Prolaw Abogados Inés de Alvear en un webinario organizado por IDS Connect sobre las inversiones extranjeras en sectores estratégicos.

El artículo, detalló, suspende el régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras, sometiéndolas a un control de previo. Antes, la suspensión de la liberalización solo afectaba a la industria de defensa, sin embargo, ahora también están incluidos otros sectores como infraestructuras críticas, tecnología crítica y productos de doble uso, suministros esenciales, sectores con información sensible y medios de comunicación.

De Alvear señaló que pasarán un control aquellas operaciones en las que el inversor alcanza una participación igual o superior al 10% del capital de la empresa española o que como consecuencia de la misma el inversor participe de forma efectiva en el control de la sociedad siempre que: resida fuera de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) o siendo residente en la UE la titularidad real del inversor corresponda a residentes fuera de la UE o la AELC.

También serán investigadas aquellas operaciones en las que el inversor está controlado directa o indirectamente por el Gobierno, incluidos los organismo públicos o las fuerzas armadas de un tercer país; cuando el inversor haya realizado inversiones o participado en actividades en sectores que afecten a la seguridad en otro estado miembro; o si se ha abierto un procedimiento administrativo o judicial con el inversor extranjero en otro estado miembro o estado de origen o en un tercer estado por actividades delictivas.

La inversión quedará sometida a autorización del Consejo de Ministros, con dos excepciones. Si la operación está entre el millón y los cinco millones de euros será analizada por la Dirección General de Comercio e Inversiones y si el importe es inferior a un millón estará exenta de autorización.

De Alvear comentó que la nueva regulación presenta una serie de dudas interpretativas para los juristas. Por ejemplo, dijo, no deja claro si los fondos soberanos están dentro del apartado en el que se hace referencia al inversor controlado directa o indirectamente por el Estado.

La abogada destacó que las modificaciones introducidas no subsanan los defectos del Real Decreto 644/1999, que continúa vigente para las inversiones en Defensa, sino que más bien presenta más dificultades de interpretación. Además, resaltó que podría haber nuevos cambios en los próximos meses tras la entrada en vigor en octubre de este año del Reglamento 2019/452 de la UE sobre el control de las inversiones extranjeras.

 

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