Solo el 3 de los empleados del Ministerio de Defensa trabajan a distancia

El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración General del Estado (AGE) con un menor número de empleados que trabaja a distancia. Solo el 497 -el 3%- sobre un total de 16.398 utiliza este formato, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, referentes a septiembre.

En términos globales, el teletrabajo afecta a uno de cada cuatro empleados públicos, en concreto, 44.292 personas de las 178.617 que forman parte de la Administración central, recoge la agencia Efe. No está incluido en la cifra total el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Ministerio del Interior presenta unas cifras muy similares a las de Defensa, con un 3,2% de empleados trabajando de forma no presencial -1.054 personas-. En el otro extremo, a la cabeza de la lista, está el Ministerio de Ciencia e Innovación que cuenta con 11.641 trabajadores realizando sus tareas a distancia, un 73% de los casi 16.000 empleados del ministerio.

Tras la primera oleada de la Covid, la Secretaría de Estado de Función Pública aprobó en junio una resolución en la que se especificaba que los empleados públicos tenían que regresar a las oficinas de forma gradual y asimétrica, realizando un máximo de 1 día a la semana a distancia. Dicha resolución también establecía que el trabajo a distancia sería la opción preferente para colectivos vulnerables, con patologías o personas a cargo (menores de 14, mayores, dependientes o discapacitados). En este caso, los empleados podrían teletrabajar hasta cuatro días a la semana.

El teletrabajo ya existía en la administración, sin embargo, la irrupción del coronavirus y la crisis sanitaria a partir de marzo aceleró su implantación en algunos departamentos. Durante los primeros meses de la pandemia, esta opción se estableció como preferente, aunque con carácter temporal.

La resolución citada está vigente por el momento a la espera del desarrollo y aplicación en cada organismo, comunidad autónoma o ayuntamiento de la nueva ley de teletrabajo de las Administraciones Públicas. El plazo establecido para tal fin es de seis meses.

La nueva ley incluye a funcionarios y personal laboral y fija los mismos deberes y derechos para los teletrabajadores que para el resto de empleados públicos. Por su parte, la Administración debe proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad.