EEUU autoriza 30 millones de dólares en ayuda militar a Colombia
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EEUU autoriza 30 millones de dólares en ayuda militar a Colombia

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21/9/2010 (Infodefensa.com) Washington - Tras destacar las mejoras en el respeto a los derechos humanos en Colombia, el gobierno del presidente Barack Obama ha autorizado más de 30 millones de dólares en ayuda a los militares del país sudamericano para combatir a insurgentes y narcotraficantes.

El Gobierno de Estados Unidos destacó que Colombia ha combatido lo que era un creciente número de ejecuciones extrajudiciales y ha dado otros pasos para demostrar su seriedad en la protección de los derechos humanos.

Esta situación ha facilitado que el gobierno estadounidense envíe los 30,3 millones de dólares destinados a las Fuerzas Armadas colombianas, los cuales habían sido retenidos ante la preocupación por el respeto a los derechos humanos.

Fuentes estadounidenses informaron que el dinero apoyará los programas militares por aire, mar y tierra, así como el entrenamiento de las fuerzas de paz y la entrega de equipamiento.

Algunos grupos defensores de los derechos humanos habían instado al gobierno de Obama a que no liberara los fondos, bajo el argumento de que Colombia no ha controlado los abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad.

El Departamento de Estado señaló que, aunque aún hay insuficiencias relacionadas con la impunidad de algunas personas que han atentado contra los derechos humanos, las amenazas sostenidas contra algunos activistas y el uso de intervenciones telefónicas ilegales; hay avances demostrables.

"Aunque sigue habiendo necesidad de mejora, el gobierno colombiano ha dado pasos positivos para mejorar el respeto a los derechos humanos en el país", señaló el organismo en un comunicado. "La instrucción firme dada por el gobierno en el sentido de que no se tolerarán las ejecuciones extrajudiciales ha llevado a revertir rápidamente una tendencia preocupante".

Un funcionario del Departamento añadió que Santos se ha involucrado con grupos defensores de los derechos sindicales y de la sociedad civil para buscar una mejora en la situación. El mandatario ha propuesto también una "nueva legislación" para devolver a los campesinos desplazados millones de hectáreas de tierras de las que fueron despojados.

Santos ha afirmado en este sentido que la determinación de Washington "es una noticia positiva, sobre todo justa. Justa porque reconoce el esfuerzo que se ha venido haciendo en un problema que nadie desconoce"; y añadió que su gobierno continuará "haciendo un gran esfuerzo en materia de defensa a los derechos humanos".

La fiscalía colombiana investiga a unos 1.100 soldados por la presunta ejecución extrajudicial de más de 2.400 civiles, la gran mayoría durante la gestión del ex presidente Alvaro Uribe, quien gobernó de 2002 a 2010.

La ley estadounidense especifica que la ayuda militar no debe proporcionarse a ninguna unidad colombiana que sea investigada por violaciones a los derechos humanos. En el 2008, cuando estalló el escándalo, Santos, quien entonces era ministro de Defensa, despidió a 27 oficiales por negligencia. El comandante del ejército renunció posteriormente.

Hasta la fecha, 191 miembros de las fuerzas colombianas de seguridad han sido hallados culpables de ejecuciones extrajudiciales, y casi 300 se enfrentan a un juicio por ese motivo.

Grupos defensores de los derechos humanos se quejan de que los procesos han sido lentos, y de que muchos casos que debieron ser transferidos a tribunales civiles han seguido en las cortes militares, que suelen mostrar más clemencia con los acusados.

Recientemente, la fiscalía colombiana acusó a 29 soldados de asesinato, en relación con un caso que data del 2005, en el que dos hombres fueron muertos y presentados falsamente ante las autoridades como guerrilleros abatidos en combate.

Colombia ha recibido más de 6.000 millones de dólares en ayuda militar y de otra índole, procedente de Estados Unidos, desde el 2000, bajo los términos del Plan Colombia, una iniciativa para apoyar al país en su lucha contra las guerrillas y el narcotráfico. Parte de esa ayuda está condicionada a la certificación de que Colombia cumple ciertos criterios en materia de respeto a los derechos humanos.



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