Narcotráfico, un grave problema de seguridad regional para Centroamérica

Por A. López, San Salvador – Para nadie es un secreto que el narcotráfico se ha vuelto un grave problema de seguridad regional para Centroamérica y México, pero cuando lo coloca en blanco y negro Estados Unidos, según el más reciente Reporte Anual del Departamento de Estado sobre la Estrategia Internacional del Control de Narcóticos, el tema toma dimensiones mucho más alarmantes.

Un situación alarmante, pero hasta cierto punto también contradictoria, de parte de los estadounidenses, pues el informe señala lo apremiante del tema, pero el Gobierno estadounidense piensa, al mismo tiempo, recortar su ayuda militar y de combate al narcotráfico para la región, incluido México y la misma Colombia, para el período fiscal del año 2013; ante lo cual algunas naciones centroamericanas, como la misma Guatemala, ya hablaron de emprender una iniciativa del istmo para legalizar el tráfico de drogas y ahorrarse los millones de dólares anuales en su combate.

En ese sentido, se organizó una reunión de mandatarios de la zona en Antigua Guatemala el pasado 24 de marzo, a iniciativa del Presidente guatemalteco, Otto Pérez, iniciador de la moción de despenalizar la droga.

Sin embargo, los jefes de Estado de El Salvador, Mauricio Funes, y de Honduras, Porfirio Lobo, naciones que junto a Guatemala forman el Triángulo Norte de la región, zona que recibe el mayor embate de la ola criminal, declinaron asistir; coincidentemente Funes y Lobo no apoyan la moción y se alinean con los estadounidenses, pero dijeron en el pasado acompañar la propuesta al seno de Presidentes centroamericanos y ahí tomar una decisión conjunta y de la mayoría.

Tampoco asistió el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien no se ha expresado ni a favor ni en contra aún y cuyo país es el que recibe menos ataques de este flagelo.

Con todo, sigue resonando aquella frase atribuida al ex Presidente guatemalteco Álvaro Colom, “los muertos los ponemos nosotros”, en alusión a que Centroamérica está pagando un precio muy alto en esta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero no solo en altos presupuestos de defensa y seguridad, sino también en miles de civiles, policías y militares que mueren en los enfrentamientos contra los delincuentes.

Mientras que en Estados Unidos no se hace nada para combatir el comercio en las calles y el alto consumo de sus ciudadanos; simplemente, si la demanda estadounidense se mantiene alta y constante, la oferta seguirá fluyendo por Centroamérica.

Según el Departamento de Estado, Honduras siguió siendo un punto principal de trasbordo de la cocaína destinada a Estados Unidos en 2011 y encabeza una de las cifras más preocupantes del informe con respecto a Centroamérica.

El reporte anual señala que el 79% de los vuelos de contrabando de cocaína que salen de Suramérica hacen su primera parada en este país.

En el apartado dedicado a Honduras dentro del extenso informe se indica que Estados Unidos estima que aproximadamente el 95% de la cocaína de América del Sur hacia esa nación norteamericana se mueve por el corredor de México y América Central.

“De esta cantidad, una porción cada vez mayor -casi el 80%- se detiene por primera vez en un país de América Central antes de su envío a México. Estados Unidos calcula que el 79% de todos los vuelos de contrabando de cocaína que salen de América del Sur tocan tierra por primera vez en Honduras”, expone el informe.

Honduras hasta ha hablado ya de evaluar revisar sus leyes al respecto de poder derribar vuelos ilegales que violen la soberanía de sus cielos.

En cuanto a la región hondureña de La Mosquitia, se indica que sigue siendo vulnerable debido a su lejanía, escasez de infraestructura, la falta de presencia del Estado y la debilidad de las instituciones policiales.

El reporte es claro al señalar  que “Honduras se encuentra en una encrucijada. Las organizaciones criminales que operan en Honduras son implacables, bien armadas, bien financiadas, y expertas desde el punto de vista logístico. En respuesta, Honduras ha tomado decisiones difíciles en apoyo de la seguridad ciudadana”.

Agrega que “viendo el narcotráfico como una violación de la soberanía nacional, el Gobierno de Honduras se impuso contra las organizaciones criminales, lo que resulta en mayores incautaciones totales de drogas que en 2010. Mientras que el Gobierno de Honduras ha demostrado mejoras, carece todavía de la experiencia, los recursos y un marco jurídico completo para contrarrestar eficazmente la amenaza”.

El Departamento de Estado confirma en su documento además que en el 2010, el 95,5% de la cocaína decomisada en Estados Unidos provenía de Colombia.

Ese país también es un importante productor de heroína y marihuana, aunque esta última droga no suele llegar a Estados Unidos, sino que nutre el consumo interno del país y el de sus vecinos en Latinoamérica.

En 2010 también, el área destinada al cultivo de coca en Colombia bajó un 14% respecto a 2009, y se redujo a 100.000 hectáreas, mientras que la producción de esta droga pura bajó un 7,4% ese año, hasta las 270 toneladas métricas.

Según el documento, Bolivia y Venezuela son, junto a Birmania, los países donde existe un “fracaso demostrable” en la lucha contra las drogas, agrega el texto. Indica además que entre los mayores productores y países de tránsito del mundo se encuentran también Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Panamá.

El documento se basa en las recomendaciones emitidas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en septiembre de 2011, cuando designó a Bolivia, Venezuela y Birmania como responsables de una política fallida en la lucha antidrogas en los 12 meses anteriores.

El informe también identifica a 15 países como “grandes fuentes de químicos precursores o esenciales” para la producción de drogas ilegales, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos.

En el caso particular de Guatemala, Estados Unidos estima que el 15% del flujo de cocaína que recibe pasa por esa nación centroamericana, “debido a las débiles instituciones públicas del país, la persistente corrupción y las amplias extensiones de territorio fronterizo fuera del control del Gobierno guatemalteco”.

La situación de seguridad en Guatemala ha continuado “su deterioro” en 2011, donde el cartel de Sinaloa y Los Zetas siguen operando, especialmente en las regiones del norte, fronterizas con México.

Además, el país centroamericano se encuentra “acosado” por el crimen transnacional, incluido el tráfico de personas y de armas, señala el informe.  Afirma que la colaboración de las autoridades guatemaltecas sigue, pero señala que “los continuos cambios al frente de las instituciones de seguridad   impiden una estrategia a largo plazo”.

Por otro lado, a pesar de que Nicaragua posee los índices de violencia y delincuencia más bajos en la región, no escapa a la crítica estadounidense.

También este país sufre problemas derivados de su emplazamiento como punto de tránsito, a los que se añaden “las limitadas capacidades de los cuerpos de seguridad y las regiones escasamente pobladas (se trata del país con el mayor territorio en el istmo)”, lo que constituye un ambiente “favorable” para las bandas narcotraficantes.

No obstante, el informe valora los esfuerzos de las autoridades de Nicaragua para llevar a cabo alrededor de 20 operaciones antidrogas en 2011, principalmente en la costa caribeña, en las que se desmanteló campamentos y pistas de aterrizaje clandestinas, se incauto de drogas y armas y se confiscó avionetas y vehículos.

Entre los aspectos positivos, el informe celebró la puesta en marcha en 2011 de instrumentos de coordinación entre Costa Rica y Nicaragua para vigilar la porosa frontera que separa a ambos países.

En el caso de Panamá, debido a su ubicación geográfica y la presencia del canal, se mantiene como “un punto central del narcotráfico regional”.

Las organizaciones de tráfico de estupefacientes de México y Colombia, incluida el grupo guerrillero de las  FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), utilizan áreas de remota localización como la región del Darién, en la que confluyen la autopista Panamericana, cuatro grandes puertos marítimos y el Aeropuerto de Tocumen, el de mayor tráfico de Centroamérica.

A estos problemas, el informe añade que “la corrupción sigue siendo una preocupación muy seria entre las fuerzas de seguridad y el sector judicial”. Panamá no posee Ejército.

Panamá ha incrementado sus esfuerzos para hacer frente a estos desafíos, pero necesita concentrar su enfoque en la modernización de las fuerzas de seguridad y la reforma judicial.

El Salvador sufre problemas crecientes y similares a los de sus vecinos, razón por la que en septiembre pasado Estados Unidos incluyó por primera vez al país en su lista de los principales países de tránsito de estupefacientes.

El nuevo informe resalta “la implicación de las pandillas callejeras internacionales en el comercio de pequeña escala; pero precisa que no forman parte de la cadena de suministro al por mayor que nutre a los carteles colombianos y mexicanos”. En los últimos días ha girado un supuesto cese de hostilidades por parte de las pandillas o maras, tras un supuesto diálogo con el Gobierno del Presidente Mauricio Funes.

A pesar de la cooperación de las autoridades salvadoreñas, la escasez de recursos y deficiente financiación impiden una mayor eficacia en la lucha antidrogas.

Los esfuerzos de El Salvador deben concentrarse en la lucha contra el tránsito de droga y dinero a través de la autopista Panamericana.

En 2011, y por segundo año, Costa Rica fue incluida en la lista de los principales puntos de tránsito de droga.

Su emplazamiento, que enlaza países productores con Estados Unidos, y sus extensas líneas costeras, a las que se suman la vulnerable Isla de Coco en el Pacífico facilitan su utilización como zona de paso. Costa Rica tampoco posee fuerzas armadas, al igual que su vecino inmediato Panamá.

En los últimos tiempos, el Gobierno costarricense ha expresado preocupación tras detectar la presencia del cartel de Sinaloa, un aumento del consumo y de los niveles de violencia asociados al narcotráfico.

El informe reconoce que la administración de la presidenta Laura Chinchilla ha expresado su compromiso por enfrentar este problema, y ha aumentado los recursos y el número de agentes de seguridad. Advierte que la capacidad operativa de la Guardia Costera, no militar, es limitada.

Mucho señalamiento estadounidense, pero los fondos que permitan un combate fuerte y sostenible no se ven por ningún lado, salvo donaciones aisladas de equipos a algunos países centroamericanos.

El ministro de Defensa de Honduras, Marlon Pascua, lamentó que su Gobierno no cuente con mejor logística para combatir el crimen organizado en el mar, por ejemplo.

“Lamentablemente nuestras embarcaciones tienen entre 30 y 40 años, las cuales se han recuperado porque estaban abandonadas. Se les sigue dando el mantenimiento para que puedan hacer las operaciones, pero no contamos con el equipo moderno que tienen otros países que están incorporados a la Operación Martillo. Pero estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad”, indicó.

El Comando Sur de Estados Unidos participa de un amplio operativo antidrogas y de control del crimen organizado, denominado “Operación Martillo”, que se desarrolla en aguas de Centroamérica desde enero pasado y del que toman parte fuerzas europeas y de las Américas.

El Comando Sur informó a la AFP en febrero pasado que son 13 los países participantes: Canadá, Belice, Colombia, El Salvador, Francia, Guatemala, Honduras, Holanda, Nicaragua, Panamá, España y Reino Unido, además de Estados Unidos.

“Sabemos que las organizaciones criminales están muy activas en aguas litorales de Centroamérica. Con estos operativos, tienden a moverse hacia aguas internacionales o hacia el territorio, por eso es muy importante que especialmente todos los países de la zona colaboren en el control”, confirmó a la AFP el portavoz del Comando Sur en Miami, Florida, José Ruiz.

La Operación Martillo, que arrancó la última semana de enero, “no tiene por el momento una fecha establecida de conclusión; se determinará a medida que se avance en los objetivos”, agregó Ruiz.

Por su parte, República Dominicana también es mencionada por el informe, como un importante puente del trasiego de droga en el Caribe, pero sus autoridades señalan mejoras en el combate desde la incorporación de nuevos equipos en su área de Defensa, como los aviones Embraer Súper Tucanos de su Fuerza Aérea y la renovación de flota en la Marina de Guerra dominicana.

Al respecto del informe, el Secretario adjunto de Estado para Asuntos Públicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Hammer, declaró a principios de marzo que “de hecho en el informe reflejamos los hechos, o sea, la información que tenemos y han habido algunos temas en que no se ha avanzado con respecto a la lucha contra las drogas este último año”, al referirse al caso particular de Argentina, ante la consulta de periodistas hispanos en una de las primeras conferencias que el Departamento de Estado decidió brindar en español, ante la cercanía de la VI Cumbre de las Américas, en Cartagena, Colombia, a mediados de abril próximo.

En el caso de la despenalización de la droga, Hammer recordó que el vicepresidente Joe Biden trató este tema en varias entrevistas y obviamente durante su visita recientemente a México y después en Honduras donde se reunió con los líderes de Centroamérica.

“Vemos claramente que hay frustración y preocupación de cómo se puede afrontar mejor este problema del narcotráfico. La política de los Estados Unidos está bien clara. Lo dijo el vicepresidente Biden. Estamos en contra de la legalización de la droga. Estamos, claro, dispuestos a discutir el tema para expresar nuestra opinión de por qué no vemos que esa es la mejor manera en la cual se debe afrontar ese problema”, amplió.

En las mismas declaraciones, Hammer desmarcó de nuevo a su Gobierno de la cooperación unánime estadounidense y se pronunció por una ayuda internacional para Centroamérica.

“De hecho lo que queremos ver es más cooperación internacional, y es un problema que nos damos cuenta que tiene que estar abordado, de forma conjunta, manifestó el funcionario norteamericano.