Cuestionan un contrato suscrito por las Fuerzas Armadas del Perú con la empresa israelí Global CST

(Infodefensa.com) Lima – Gran controversia ha generado los cuestionamientos de la Contraloría General de la República sobre el contrato firmado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, con el apoyo del Ministerio de Defensa, con la empresa de origen israelí Global CST (Ver Nota).

A la descalificación de los técnicos y especialistas traídos al Perú por Global, se ha sumado una serie de acusaciones sobre errores procesales, uso de recursos presupuestales de la Marina de Guerra del Perú, alteración de la norma legal que autorizaba la suscripción del contrato, el registro atemporal de la empresa israelí, pagos entregados irregularmente, entre otros.

De acuerdo al contrato, suscrito en octubre de 2009, Global CST se comprometía a brindar asesoría técnica especializada para estructurar un grupo nacional para la lucha contra el terrorismo, diseño de un concepto operacional dinámico, desarrollo del planeamiento estratégico y operacional del Estado Mayor Conjunto, asistencia en la reforma organizacional del Comando Conjunto y en el entrenamiento de comandos para su despliegue en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Ante las afirmaciones del comunicado de prensa de la Contraloría; Rafael Rey, ministro de Defensa de Perú entre los años 2009 y 2010, ha respondido con pruebas en mano y calificando de “incapacidad evidente” en la investigación realizada por la Contraloría. Aduce, además, “pobreza en la redacción del comunicado, mala comprensión de lectura, apresuramiento en las conclusiones, desconocimiento evidente de la normativa legal e ignorancia sobre términos militares y alcance de los mismos”.

Rey indicó que la empresa Global CST trajo al país a unos 113 especialistas, entre ellos a cuatro brigadieres generales, dos generales de división, cinco coroneles, 16 tenientes coroneles, por mencionar algunos de los cerca de 43 expertos involucrados en la capacitación y asesoramiento realizado por Global. Afirmó además que el entrenamiento proveído ha permitido que las unidades militares entrenadas, sin conscriptos, no hayan recibido baja alguna en diversas operaciones. De acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Compras del Estado, al tratarse de empresas extranjeras, no domiciliadas en el país, sin representante legal, es responsabilidad de la máxima autoridad pública involucrada en la gestión del contrato inscribir a tal empresa en el Registro Nacional de Proveedores, en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes. Enfatizó además, Rafael Rey, que el contrato entra en vigencia a partir de la presentación de la carta fianza, no antes, como sostiene la Contraloría. Finalmente, afirmó que la Contraloría fue informada, estuvo al tanto y de hecho, otorgó su visto bueno al proceso.

Por su parte, el contralor Fuad Khoury afirmó durante su presentación ante la comisión de Defensa y Fiscalización del parlamento nacional, que el 70 % del personal de la empresa involucrado en la ejecución del contrato eran traductores y asesores; que únicamente el 28 % del personal era mayor a 40 años de edad, por lo que era muy complicado que la empresa cumpliese con los niveles de experiencia y calificación ofrecidos, de entre 20 y 30 años.  Negó que la entidad bajo su cargo haya participado en las gestiones que culminaron con la firma de contrato y calificó como inaceptable utilizar una norma adulterada para autorizar la contratación. Concluyó que existen indicios razonables de corrupción y que su despacho está en la obligación de investigar el uso de los 40 millones de soles invertidos.

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