La reforma migratoria en Estados Unidos propicia jugosos contratos en Defensa y Seguridad para blindar frontera con México

(Infodefensa.com) A. López, San Salvador – Pocos podrían haber anticipado hace semanas atrás que la tan ansiada reforma migratoria de Estados Unidos para regularizar a alrededor de once millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos latinoamericanos, también propiciaría jugosos contratos millonarios en Defensa y Seguridad para blindar la frontera sur estadounidense con México.

Esto porque, según consta en el acuerdo suscrito por el Senado de los Estados Unidos, citado por varios medios de comunicación estadounidenses y reproducido también por medios hispanos, como El País, se ordena la compra de modelos específicos de helicópteros y equipamiento de radar para su utilización en la frontera entre Estados Unidos y México, operación que supone un posible beneficio de decenas de millones de dólares para los principales contratistas de defensa.

La ley exigiría que la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos adquiera, entre otros elementos, seis sistemas de radar aerotransportados Northrop Grumman que cuestan alrededor de 9,3 millones de dólares cada uno; 15 helicópteros Sikorsky Black Hawk, de más de 17 millones de dólares cada uno, y ocho helicópteros ligeros de Policía, fabricados por American Eurocopter, de unos tres millones de dólares cada uno.

Asimismo, la ley prevé la necesidad de 17 helicópteros UH-1N, construidos por Bell Helicopter, un modelo más antiguo que la empresa ha dejado de fabricar.

Los grupos de vigilancia y los opositores a la ley dicen que estos y otros requisitos detallados crearían un método preocupante para evadir el proceso de licitación o elección de ofertante más conveniente en calidad y mejor precio de equipos y que recuerdan a los viejos fondos predeterminados, los capítulos de gastos que los legisladores incluyen en una ley para beneficiar proyectos o a receptores concretos, cuando en los últimos años, el Congreso ha ejercido una moratoria en este aspecto.

El texto está incluido en un paquete de medidas de seguridad de fronteras valorado en 46.000 millones de dólares que el Senado aprobó hace unos días dentro del proyecto de Ley General sobre Inmigración. El llamado refuerzo de fronteras (un gasto de 38.000 millones de dólares adicionales) se agregó en la última semana de las negociaciones – a finales de junio anterior - con el fin de obtener más apoyo republicano a la medida, que se aprobó con 68 votos, 14 ellos republicanos.

La normativa desembolsaría 30.000 millones de dólares a lo largo de la próxima década para contratar a más de 19.000 nuevos agentes de la Patrulla de Fronteras, un número que duplicaría la fuerza actual y que muchos expertos en inmigración consideran innecesaria y despilfarradora.

La medida dedicaría también 7.500 millones de dólares para construir 560 kilómetros de verja en la frontera México-Estados Unidos y 4.500 millones para comprar nueva tecnología. La ley tendría que estar en vigor, con la instalación de sistemas de visado electrónico y verificación de empleo, antes de poder empezar a expedir permisos de residencia a los inmigrantes.

Los senadores Bob Corker (republicano de Tennessee) y John Hoeven (republicano de Dakota del Norte), ponentes del plan, dijeron que las cláusulas pretenden tranquilizar a los republicanos preocupados por crear una vía hacia la nacionalización sin compensar con una vigilancia más dura en la frontera.

“Sólo he querido colaborar con nuestro grupo para conseguir que participaran todos los representantes posibles de nuestro partido”, dijo Hoeven. La estrategia, no obstante, no consiguió convencer a otros, como el senador Tom Coburn (republicano de Oklahoma), que declaró que “los fondos del contribuyente deberían reforzar la seguridad fronteriza, no un estímulo para contratistas. Por desgracia, eso es lo que hace el proyecto de ley del Senado”.

La lista de material comprendido en la ley procede de un informe de necesidades tecnológicas elaborado por el servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos en 2010. Miembros del personal de la agencia reunieron la lista a petición de la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano (quien dejó el cargo la segunda semana de julio), que acababa de detener un proyecto de verja virtual plagado de derroches y retrasos. Funcionarios de la Patrulla de Fronteras proporcionaron la lista a varios asesores parlamentarios que habían preguntado qué hacía falta para controlar la frontera con eficacia.

Los 4.500 millones de dólares reservados para tecnología serían una bendición para los contratistas de defensa, que están buscando nuevas oportunidades ahora que Estados Unidos está reduciendo su presencia en Afganistán, por ejemplo.

Las empresas matrices de las que fabrican los productos incluidos en la ley y sus empleados han donado casi 11,5 millones de dólares a candidatos y campañas nacionales desde 2009, según el Center for Responsive Politics (Centro para una Política Receptiva).

“Estamos orgullosos de nuestra larga asociación con el Departamento de Seguridad Interior y nos honra que en repetidas ocasiones hayan decidido comprar nuestros helicópteros para sus importantes misiones”, declaró el director de ventas a las fuerzas del orden de American Eurocopter, Ed Van Winkle.

“Estamos preparados para producir y entregar más aparatos adaptados a los requisitos del cuerpo de Aduanas y Protección de Fronteras si el Congreso autoriza y financia su adquisición”, añadió.

Según los medios que han abordado el tema, los representantes de Northrop Grumman, Sikorsky y Bell no han emitido comentarios al respecto todavía.

El material que la ley considera necesario está identificado, en su mayor parte, por categoría, no por marca. Entre otros apartados, la legislación pide 4.595 sensores de tierra autónomos, 104 dispositivos de identificación de isótopos radiactivos y 53 tubos de fibra óptica para inspección de depósitos, y especifica cuántos deberían desplegarse en cada sector de vigilancia. Asimismo exige la compra de cuatro nuevos vehículos aéreos no tripulados, además de los 10 que ya posee la Patrulla de Fronteras.

“La agencia está obligada legalmente a comprar los artículos concretos de las empresas mencionadas”, confirmó el asesor legal del Project on Government Oversight (Proyecto de Supervisión del Gobierno), Scott Amey, un grupo independiente que trabaja para sacar a la luz el despilfarro y la corrupción. “No estoy seguro de cómo se puede convocar una puja (licitación) abierta”, indicó Amey.

Por ejemplo, un dispositivo importante de la lista es el sistema de radar Vader, una tecnología aerotransportada y operada desde aparatos no tripulados, desarrollada por Northrop Grumman para la rama de investigación del Pentágono. La Patrulla de Fronteras ha probado uno de los sistemas, prestado por el Departamento de Defensa, para detectar a inmigrantes que tratan de cruzar la frontera de manera ilegal. Este año, la agencia recibió 18,6 millones de dólares para comprar dos sistemas de radar, y la ley de inmigración añadiría otros seis.

Los helicópteros Black Hawk solicitados en el plan incluyen cinco de los modelos de alta tecnología más recientes, con cabinas digitales. En cuanto al aparato de American Eurocopter, la Patrulla tendría que comprar ocho modelos AS-350 para sumar a los 85 que ya posee.

La ley especifica cómo se desplegarían los nuevos agentes de la Patrulla de Fronteras y exige que la agencia destine a 38.405 nuevos oficiales a la frontera con México antes del 30 de septiembre de 2021.

La Patrulla de Fronteras brinda trabajo a 21.000 agentes, una cifra récord en comparación con los 10.000 que tenía en 2004. En su última petición presupuestaria, el departamento no habló de nuevos agentes.

Muchos expertos en seguridad de fronteras dicen que duplicar la fuerza no es práctico y es una mala utilización de los recursos, y que más valdría gastar ese dinero en inspecciones del lugar de trabajo o el sistema electrónico E-Verify que emplean los empresarios para comprobar la nacionalidad de los solicitantes de empleo.

“Este plan de seguridad de fronteras tiene muchas cosas que encajan más con la guerra anterior”, opinó Doris Meissner, que fue responsable de inmigración en el Gobierno de Clinton.

Los funcionarios de Seguridad Interior confían en poder reclutar y entrenar a todos los agentes que requiere la ley. Su portavoz, Peter Boogaard, manifestó que la medida “contribuiría a los históricos logros de esta administración en seguridad de fronteras”. Los legisladores Hoeven y Corker recordaron que acordaron contratar a 20.000 agentes, en parte, porque era una cifra a medio camino entre las propuestas de otros senadores republicanos.

Pero como quiera que se vea, los hechos hablan por sí mismos: a cambio de una masiva legalización migratoria de parte de los demócratas, los republicanos buscaron blindar aún más la frontera sur estadounidense y, por consecuencia, muchas compañías especializadas en equipo de defensa y seguridad se verán beneficiadas en sus estados financieros para los próximos años.