Un empresario se ofrece a comprar el avión presidencial mexicano

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recalcado que la venta del avión presidencial "no tiene marcha atrás" y que se hará a través de un proceso de licitación. El objetivo es, según el presidente, no perder dinero en un proceso que ya comenzó el viernes pasado, con la petición de información sobre el avión lanzada por el equipo de López y la aparición de la primera oferta, recibida de un empresario mexicano.

El futuro Gobierno recibió el pasado viernes 24 de agosto el primer acercamiento público para comprar el avión presidencial Boeing 787-8 Dreamliner. No obstante, de momento no existe una cifra clara, pues la presunta oferta de la oferta de 1.900 millones de pesos, equivalentes actualmente a unos 100.8 millones de dólares, lanzada por el empresario mexicano Gustavo Jiménez Pons dueño de GBS Air Enterprises, fue desmentida posteriormente por él mismo, que aseguró que su grupo no ofertará menos del costo original del avión y que menciono ser de 220 millones de dólares.

Sin embargo, el valor oficial de compra por el avión es en sí desconocido, pues el contrato entre el Gobierno mexicano y Boeing es clasificado, siendo la referencia que el precio de lista de un Boeing 787-8 entonces era de 218 millones de dólares. Añadido a esto se habló de que GBS Air Enterprises México estaría dispuesto a pagar renta por el uso del hangar presidencial, una de las instalaciones militares más controladas de México y que no sólo sirve para resguardar el avión presidencial, sino que es estratégica en los planes de ayuda a la población. De igual modo trascendió en la prensa mexicana que dicho empresario es familiar de un futuro miembro del gabinete de López Obrador, lo que arrojó dudas sobre la claridad de la oferta.

Esta oferta es un síntoma de la difícil decisión que López Obrador tiene ante sí, pues el mercado aeronáutico con este primer acercamiento ha demostrado saber que cuenta con la ventaja en la negociación y sobre todo a que no está dispuesto a pagar el costo original del avión y tampoco a ofrecer una solución que considere no sólo el valor unitario del mismo, sino la deuda contraída por el contrato global de compra y operación a 15 años, inicialmente valuado en 322 millones de dólares (incluido el costo unitario del avión) y que de no resolverse contemplaría un déficit alrededor de los 200 millones de dólares.

Promesas de campaña

Lo que en su momento fue una de las principales banderas de campaña, actualmente es un tema que parece ser cada vez más incómodo para el equipo del futuro presidente mexicano, que ha decidido postergar la decisión para finales de noviembre, ofreciendo un marco legal para la venta. Sin embargo, no importa qué curso se tome, la maniobra representará un costo político a Obrador en ambos casos, ya sea que no se venda, o a causa de las pérdidas millonarias al erario mexicano que su venta representa, si es que se coloca en algún comprador.

De acuerdo a la casa consultora Ascend Flight Global Consultancy, el valor ajustado en el mercado ejecutivo para el avión presidencial mexicano durante 2017 se considera de 152 millones de dólares, sin embargo es de esperar ofertas más bajas a causa de diversos factores como el que ya se trata de un avión de tercera mano, al haber sido uno de los prototipos de Boeing y ahora contar con desgaste añadido por el Gobierno mexicano. Este valor de pérdida no es fijo y aumenta con el paso de los meses, aparte de los costos de operación y mantenimiento que fluctúan entre 15 a 20.000 dólares diarios pese a usarse o no y finalmente el factor clave para los ofertantes, la necesidad de Obrador por definir su promesa.

Aparte hay que sumar costos por la transacción que pueden llegar al millón de dólares y trabajos de reconversión interna que fluctúan entre 10 a 15 millones. Por estas razones el valor de venta del avión puede arrancar teóricamente desde 135.5 millones de dólares, cantidad que de por sí, ya representa un 40% de pérdida conforme al valor original o sea 66 millones de dólares, más las mermas acumuladas ante nuevas posturas de compra. Sin que esto resuelva los pasivos contraídos por el proyecto global y que difícilmente algún comprador querrá pagar.