Jet Lease hace una oferta para alquilar 35 aeronaves del Gobierno mexicano

A una semana de que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, recibiera la primera oferta pública por la venta del Boeing 787-8 Dreamliner por 100 millones de dólares, la empresa estadounidense basada en Florida, Jet Lease, ha ofrecido al equipo de López Obrador rentar 35 aviones y helicópteros que instancias del Gobierno Mexicano utiliza para el transporte de funcionarios, sin que su oferta monetaria haya sido pública o se conozca algún instrumento que resuelva el conflicto sobre el pago de la deuda por el programa de compra a 15 años.

Como era de esperar, los activos que más han llamado la atención de esta empresa son los aviones que sirven para apoyar las operaciones de la Presidencia de la República, como el Boeing 787-8 y el anterior avión presidencial, un Boeing 757 que funciona de apoyo. El interés de Jet Lease también considera diez jets ejecutivos Gulfstream G550/150, tres Bombardier Challenger, tres Learjet 45 y un Cessna Sovereign asignados al Estado Mayor Presidencial o pertenecientes a la Policía Federal, la Procuraduría General de la Republica, Secretaría de Marina, Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Si bien la idea de reducir beneficios exagerados a funcionarios públicos es positiva, la medida plantea una serie de retos operativos y de seguridad que no pueden ser ignorados. En el caso específico de aviones para mandos militares, el tamaño del territorio mexicano, las multiples operaciones que realiza el ejército y marina asi como la distribución de bases, hace necesario que se mantenga algún medio de transporte dedicado, especialmente para acciones administrativas y de seguridad, que por su naturaleza no pueden hacerse a bordo de aerolíneas. Lo mismo puede plantearse para ciertas acciones policiacas y en el caso de la Secretaría de Comunicaciones, la calibración de estaciones, pistas y diversas ayudas aeronáuticas.

Sin razonable equilibrio

De acuerdo a especialistas del medio aeronáutico mexicano, el eliminar excesos a los funcionarios es correcto, pero hace falta una mayor reflexión al tema, pues si se lleva a cabo como se ha planteado hasta ahora, la decisión de Obrador no será necesariamente una solución; pues es de esperar que estas dependencias eventualmente rentarán aeronaves para cubrir las demandas del servicio y en el caso militar, utilizar aeronaves de características sobradas que debían estar empeñadas en labores militares de logística, seguridad o ayuda humanitaria, despúes de todo, las organizaciónes militares en el mundo mantienen una flota de aviones justo para este propósito.

El principal riesgo yace en la flota de helicópteros, particularmente los que tienen un potencial táctico como los Airbus SA-332 Super Puma y los H-225M Super Cougar que actualmente operan en la Coordinación de Transportes Aéreos Presidenciales y la Unidad Especial de Transporte del Alto Mando y que, sin mayor problema, podrían ser reasignados a las unidades operativas de la Fuerza Aérea y Armada para contribuir a sus labores de seguridad y planes de ayuda. Tal y como era de esperarse, Obrador se mantuvo en su postura anterior sobre que el asunto se resolverá mediante una licitación recalcando que esas aeronaves no serán utilizadas.