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AMÉRICA | Defensa
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Período 2018-2021

Perú renueva su política anticorrupción en Defensa

Diagnóstico del grupo de trabajo sobre la lucha anticorrupción en el sector Defensa. Foto: Ministerio de Defensa del Perú.

Diagnóstico del grupo de trabajo sobre la lucha anticorrupción en el sector Defensa. Foto: Ministerio de Defensa del Perú.

19/09/2018 | Lima

Peter Watson

El Ministerio de Defensa del Perú ha aprobado la política de integridad y lucha contra la corrupción del sector para los años 2018 al 2021. La renovada política sectorial se alinea a la política nacional anticorrupción que fue aprobada en abril pasado.

En mayo de este año, el Ministerio de Defensa organizó un grupo de trabajo para elaborar la política anticorrupción del sector, cuyo informe final ha recibido el visto bueno de la Dirección de Desarrollo Organizacional y Modernización de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica de ese despacho.

Los objetivos principales del nuevo documento de gestión son garantizar la transparencia y acceso a la información pública del sector, promover la gestión integrada de la información para prevenir la corrupción, instalar una cultura de integridad y ética, consolidar la gestión de intereses y de conflictos de interés en el sector, fortalecer el mecanismo de denuncias, impulsar la meritocracia, garantizar la integridad en las contrataciones, fortalecer la gestión de riesgos de corrupción y reforzar los sistemas disciplinarios.

Area de competencia

 

La nueva política compete al Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marina de Guerra del Perú, Ejército del Perú, Fuerza Aérea del Perú, Conida, Escuela Nacional de Marina Mercante, Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, Cenepred, Instituto Geográfico Nacional, Indeci, SIMA Perú, FAME S.A.C. y Seman Perú S.A.C.

Desempeño

 

Para el diagnóstico del sector defensa peruano en la materia, el grupo de trabajo se basó en la metodología planteada en el plan nacional respectivo, el cual contempla evaluaciones de desempeño en nueve componentes.  

En el componente Compromiso de la alta dirección se alcanzó un nivel de compromiso promedio del 38%, porque no se ha interiorizado aún la integridad como un objetivo institucional. En la Gestión de riesgos  se registró un 37% de cumplimiento, debido a que no todas las entidades tienen mapeadas y monitoreadas aquellas actividades que pueden generar corrupción. En Políticas de integridad, el cumplimiento promedio es de 39 % porque es aún baja la implementación de políticas para evitar conflictos de intereses, lineamientos para la recepción de regalos y cortesías, atenciones, entre otros.

Sorprende de manera positiva el componente ‘transparencia’ con un cumplimiento de 62%, puesto que las entidades se esfuerzan por cumplir con la ley de transparencias, actualizan sus portales web, difunden información, facilitan el seguimiento de actividades, entre otros. Este punto es realmente notable, puesto que el nivel de información que el sector defensa alcanza a la población  sobre sus contrataciones, desde hace por lo menos cinco años no tiene precedentes y contrasta con el ‘secretismo’ que era práctica común antaño y caldo de cultivo para potenciales malos manejos de fondos presupuestales.

En cuanto a Control interno, externo, auditoría’, el estudio del grupo de trabajo muestra un cumplimiento que es aún mayor, un 78%. Los comités de control interno están siendo empoderados para la ejecución de sus funciones. Sin embargo, aún falta mayor implementación de auditorías externas.

El nivel promedio de cumplimiento en Comunicación y capacitación es de 44% porque las entidades del sector realizan evaluaciones generales del ambiente laboral y encuestas de niveles de servicio, pero falta mayor difusión de las políticas de integridad entre el personal.

Sobre el componente Canal de denuncias, el nivel de cumplimiento es de 54% porque se tiene un marco normativo sobre medidas disciplinarias, pero falta que la mayoría de entidades implementen sistemas anónimos de denuncias, mecanismos de protección al denunciante, mecanismos de detección e investigación de irregularidades.  

Los dos últimos componentes son los de peor desempeño en el sector defensa. El componente Supervisión y monitoreo tiene un cumplimiento de solamente 9% porque no se definen indicadores de medición, no se realizan evaluaciones de operatividad y no implementan Oficinas de Integridad Institucional.

El noveno componente, Encargado del modelo de integridad registró un cumplimiento de 7%. Esto se debe, según el grupo de trabajo, a que las entidades se encuentran en fase de diagnóstico para formular sus respectivas políticas de lucha contra la corrupción.

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