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Política estatal

Perú aprueba un plan anticorrupción para Defensa

Carátula del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2020 del sector Defensa. Foto: Ministerio de Defensa del Perú.

Carátula del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2020 del sector Defensa. Foto: Ministerio de Defensa del Perú.

11/01/2019 | Lima

Peter Watson

El Ministerio de Defensa del Perú ha aprobado con fecha 31 de diciembre de 2018 su Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019-2020. Las instituciones del sector defensa tienen un plazo de 30 días hábiles para emitir los instrumentos normativos que permitan implementar el plan aprobado.

Al primer semestre de 2018, el 53,9 % de la población considera que la corrupción es el principal problema del Perú, incluso por encima de la delincuencia. Para remediar tal situación, el gobierno del Perú ha iniciado un esfuerzo generalizado para reducir significativamente, y de ser posible, eliminar la corrupción del aparato estatal a través de la denominada Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, en línea con la Constitución Política del Perú. Cada sector requiere de un plan sectorial hacia tal fin.

Un primer paso fue elaborar un diagnóstico sectorial en base a un modelo de integridad con nueve componentes: Compromiso de la alta dirección; gestión de riesgos; política de integridad; transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas; control interno, externo y auditoría; comunicación y capacitación; canal de denuncias; supervisión y monitoreo del modelo de integridad; encargado del modelo de integridad.

Nueve objetivos

 

Para alineamiento con el modelo de integridad, el plan establece nueve objetivos y la ejecución de acciones hacia tales objetivos.

La garantía de transparencia se viabiliza a través de un sistema online de atención de solicitudes de información, claridad sobre la clasificación y desclasificación de documentos, y habilitar una página virtual de preguntas frecuentes.

La gestión integrada de la información requiere de la difusión del plan de integridad, monitorear su implementación, implementar un Sistema de Gestión Antisoborno según la ISO 37001, y coordinar con las entidades a cargo de la detección y sanción de actos de corrupción.

Promover una cultura de integridad y ética con una Oficina de Integridad en cada una de las instituciones del sector, incorporar el tema de integridad en los planes rectores, formular un Código de Ética Institucional, desarrollar talleres y encuestas sobre la efectividad del modelo de integridad, incluir la integridad en la currícula de los órganos académicos.

La gestión de conflictos de intereses se implementa mediante la implementación de una declaración de intereses; elaborar lineamientos sobre conflictos de intereses, regalos, cortesías y otros.

Una efectiva gestión de denuncias requiere de una directiva clara para procesar denuncias y proteger a denunciantes, implementar canales de consultas y un aplicativo de registro, control y seguimiento de denuncias.  

Impulsar la meritocracia con incentivos y reconocimientos al personal, implementar la gestión del rendimiento, actualizar la relación de funcionarios con posiciones sensibles, verificar antecedentes policiales, penales y judiciales, informar a nuevos empleados sobre los lineamientos de la integridad, capacitar al personal en la materia.

Para garantizar integridad en las adquisiciones y contrataciones se deben reducir los procesos no programados anualmente, realizar controles semestrales, contar con personal logístico certificado en el sistema electrónico de contrataciones, incluir cláusulas de integridad en contratos,  establecer canales de denuncias con los proveedores.

El fortalecimiento de la gestión de riesgos en cada entidad se basa en el estándar ISO 31000, elaborar un manual para la identificación de riesgos, administrar una matriz actualizada de riesgos, publicar oportunamente actas de compromiso, reportes y actualizarlos en un sistema web y hacer seguimiento a las recomendaciones generadas en auditorías.

Finalmente, reforzar los sistemas disciplinarios al mantener actualizado un reglamento interno, brindar autonomía técnica a los responsables de los procesos disciplinarios y verificar que se cumplan las sanciones administrativas impuestas.

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