Tabaré Vázquez enfrenta crisis institucional en el sector castrense

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, destituyó el 1 de abril a seis generales de la fuerza de tierra, incluyendo al novel comandante en jefe y descabezó al Ministerio de Defensa, removiendo al ministro y a su viceministro. La decisión se tomó luego de que trascendieran detalles secretos del Tribunal de Honor al que fueron sometidos tres militares procesados por violaciones a los derechos humanos de detenidos durante la dictadura, uno de los cuales se atribuyó la muerte de al menos dos detenidos, situación que no fue informada a la justicia penal del país, según se indica en los protocolos a seguir.

Todo comenzó con una nota del periodista Leonardo Habercorn que fue publicada en el diario local El Observador, donde se informaba que, en la resolución del Tribunal de Honor se indicaba que los oficiales del Ejército procesados por delitos contra detenidos en la dictadura, José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, estaban incursos en crimenes y otros delitos. El primero había declarado que él era quien se había encargado de hacer desaparecer el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, mientras que Jorge Silveira, además de esto, lo acusaba de haber matado a otro detenido y de la desaparición de María Claudia García de Gelman. Esta información sensible ameritaba que, siguiendo el protocolo del Tribunal de Honor, el juicio de honor se debería haber suspendido y enviado el reporte a los superiores para que dieran cuenta a la justicia. Sin embargo, el Tribunal continuó operando y llegó a la conclusión de que las acciones de los imputados no afectaban el honor militar, pero si castigaba a José Gavazzo y Jorge Silveira por no haber informado que sabían quién había sido el responsable de la muerte de Gomesoro permitiendo así que la justicia, incorrectamente, procesara a otro oficial del Ejercito que nada había tenido que ver con el suceso. Debido a que tanto Gavazzo como Silveira apelaron el castigo del Tribunal de Honor, el Tribunal de Alzada analizó el caso y reafirmó el castigo, pasando a los oficiales a reforma, impidiéndose de esta forma el uso de uniforme y jerarquías.

Hasta ahí, debido al secreto de los tribunales de honor militar, todo el procedimiento parecía normal. Sin embargo, cuando el entonces comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, entregó el fallo al ministro de Defensa para que a su vez, junto con el presidente de la República, lo homologaran, agregó una carta donde criticaba al sistema judicial uruguayo y sus resoluciones, sobre todo por el injusto procesamiento del oficial que había sido juzgado por el caso Gomensoro como así también por el trato diferencial provisto a los militares, considerando que existía una justicia paralela en contra de las fuerza armadas. Esta carta fue tomada por el presidente como una falta de respeto a la independencia de poderes e inmediatamente Manini Ríos fue cesado. El fallo del Tribunal de Alzada fue homologado por el presidente de la Republica en todos sus términos y como sucesor de Manini Ríos, el general José González fue elegido para ser el jefe del Ejército. Este general, de intachable carrera militar como su predecesor, había formado parte del Tribunal de Honor que juzgó a los militares anteriormente mencionados, pero hasta ese momento no había habido cuestionamientos a sus decisiones.

Destituciones

Cuando la nota de Habercorn se hace pública conteniendo información de la sentencia secreta del Tribunal de Honor y que claramente implicaría una responsabilidad en el mando superior por la falta de notificación a la justicia penal de las declaraciones de los militares acusados, se generó una gran conmoción a nivel político para determinar responsabilidades en el accionar. Inmediatamente el presidente ordeno la remoción de toda la cúpula del Ministerio de Defensa, incluyendo al ministro, Jorge Menéndez (actualmente en tratamiento médico aquejado de una grave enfermedad) y al viceministro, Daniel Montiel. También ordenó la remoción de sus cargos y pase a retiro del comandante en jefe del Ejército, general de Ejército José González, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Alfredo Erramun, al jefe de la División de Ejército IV, general Gustavo Fajardo, todos por ser los miembros del Tribunal de Honor, y a los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry por haber formado parte del Tribunal de Alzada.

Interrogantes

Luego de todo este proceso y las drásticas medidas tomadas por el presidente de la República, quedan aún algunas preguntas sin contestar, fundamentalmente en lo referido a las responsabilidades políticas que les caben a los distintos superiores del mando militar. Si bien el procedimiento indica que el Tribunal debió suspender sus actuaciones, ante la confesión de un delito por parte de uno de sus investigados, el texto completo de las indagaciones fue entregado al mando político para su análisis y evaluación previo a su homologación. Tanto en el Ministerio de Defensa como en Presidencia de la República se debió haber tomado conocimiento de estas declaraciones cuando terminaron las actuaciones del Tribunal de Honor o a lo sumo cuando lo hizo el de Alzada y en base a esto se debió haber actuado y no homologado el fallo que le dio validez legal a lo actuado por ambos Tribunales.

Si bien el primer mandatario uruguayo ahora afirma que lo que se homologa es un resumen del fallo y no el detalle, al que el no tuvo acceso, esta excusa no seria suficiente para relevarlo de culpa, pues por este mismo caso él tomó la decisión de remover a un comandante en jefe que se quejaba de lo que se había descubierto durante la investigación del Tribunal de Honor. Esta queja seguramente debería haber, por lo menos, forzado al presidente a leer el informe total y ver a que se refería el general Manini Ríos y así justificar o no su remoción. Sin leer el informe del Tribunal, su remoción no tendría base en lo absoluto porque el presidente no sabría a que se estaría refiriendo el militar.

Lo cierto es que, en plena campaña política, una falla de esta magnitud a nivel político es algo que al partido de gobierno no le interesa que sea explotada por la oposición, que viene ganando terreno en las encuestas y la remoción de todos los involucrados en este caso, excepto el presidente de la República, se ve como una señal de ‘mano dura’, inclusive para los propios políticos del gobierno.