La Policía Nacional del Perú desplegará otros 6.600 policías a partir de enero

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha procedido a graduar a la última promoción de nuevos suboficiales en sus diferentes escuelas de formación a nivel nacional.

Un total de 6.600 alumnos han recibido la certificación respectiva del Ministerio del Interior para que a partir de enero de 2020 sean desplegados por la PNP en las labores relativas a su especialidad, en particular aquella de seguridad ciudadana.

La delincuencia común se ha convertido desde hace unos años en el principal problema que a criterio de la población enfrenta el Perú. La situación de la seguridad interna se ha complicado aún más por la descontrolada migración de malos elementos desde Venezuela, a lo que se suma el caldo de cultivo que representa la ahora ya notable ralentización de la actividad económica a nivel nacional.

Para el ministro del Interior, Carlos Morán, el sector trabaja en la reducción de las brechas existentes en la PNP en materia de infraestructura, equipamiento, parque de patrulleros y pie de fuerza. “Este año han egresado 6.000 policías en el mes de junio y 6.600 policías más en diciembre, lo que hace un total de más de 12.000 policías que se incorporan a las filas activas, y el próximo año esperamos una cantidad similar,” comentó el ministro Morán.

Plan a 2030

El programa de actualización de la PNP se ha plasmado en el denominado Plan Estratégico de Capacidades de la Policía Nacional de Perú al 2030 ‘Mariano Santos Mateos’, en el marco del cual el sector está realizando además un esfuerzo por mejorar la formación de los aspirantes a policías. Según Morán, al 2023 se construirán diez nuevas macro escuelas regionales para la formación de policías.

Cabe indicar que reportes de la prensa local señalan que la actual administración estatal estaría preparando una norma para prohibir a los civiles el porte de armas legales en las calles, restringiendo así el ejercicio del derecho a la legítima defensa a contrapunto de lo que se debe buscar, un mejor proceso de capacitación para quienes quieran portar armamento legal mediante el entrenamiento adecuado en el uso de armamento y las responsabilidades que ello acarrea para evitar potencial daño a terceros inocentes.

Si a ello se suma una legislación que favorece al delincuente común, se está preparando un escenario en el que policías comprensiblemente poco afectos a arriesgar un juicio en su contra –como efectivamente viene sucediendo– por simplemente hacer su trabajo no tendrán la motivación suficiente para desempeñar la función para la cual fueron formados, la que puede implicar, a veces, arriesgar su integridad física. La seguridad ciudadana es en realidad, o mejor dicho debiera ser, una sociedad entre civiles y policías.