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AMÉRICA | Defensa
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Consecuencia de la intervención militar del recinto legislativo

El Congreso de El Salvador recomienda la destitución del ministro de Defensa

El ministro de Defensa, almirante René Merino. Foto: Presidencia de El Salvador

El ministro de Defensa, almirante René Merino. Foto: Presidencia de El Salvador

21/09/2020 | San Salvador

Alberto López

Casi un mes después de la interpelación del Congreso de El Salvador al ministro de Defensa, almirante René Merino, por la intervención militar injustificada al recinto legislativo, en febrero pasado, la mayoría de legisladores recomendó al Ejecutivo la destitución "ineludible y necesaria" del alto jefe militar. Por su parte, el presidente Nayib Bukele rechazó la resolución legislativa, ya que no está obligado a acatar dicha recomendación al no ser esta vinculante. 

Con 51 votos, de un total de 84 diputados, la Asamblea Legislativa concluyó que el almirante Merino evadió las preguntas y mintió en la interpelación del pasado 21 de agosto. Además, los diputados decidieron remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGRpor la posible comisión del delito de desobediencia por parte del funcionario.

Comunicación a la OEA

 

Asimismo, el Congreso comunicó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que convoque a su Consejo Permanente y adopte las decisiones que estime conveniente. También se comunicará del caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comunidad internacional, entre otros.

En la interpelación, la pregunta clave para el funcionario se centró en quién le dio la orden de ingresar a los miembros de las Fuerzas Armadas al recinto legislativo, ante lo cual Merino explicó que no se trataba de un operativo sino un procedimiento ordinario para darle seguridad al presidente Bukele.

En el fallo legislativo que recomienda la destitución de Merino se cita la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso 6-2020 del 10 de febrero de 2020 (un día después de la intervención militar en la Asamblea Legislativa), en donde esta instancia judicial resolvió que, aunque el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas, "no implica que él pueda usarla para cualquier objetivo" y que "tampoco puede ordenarse que la Fuerza Armada sirva para la seguridad personal del presidente".

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