De acuerdo a AI, la implementación de esta medidas, vigentes por el plazo de 90 días en determinadas zonas fronterizas del norte de Chile y que tienen como propósito contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas, ha desatado una crisis humanitaria en la frontera donde se estima que alrededor de 300 personas, en su mayoría venezolanas, así como personas haitianas y de otros países, se encuentran varadas.AI reconoce la prerrogativa de los gobiernos para controlar la entrada y decidir su política migratoria, pero indica que estas medidas deben estar en línea con las obligaciones establecidas en los tratados internacionales ratificados por ambos Estados, y remarcó que los nacionales de Venezuela y Haití tienen derecho a buscar asilo y recibir protección internacionalMedidas solicitadasLa organización considera que la salida duradera de esta crisis de protección en la región debe pasar por soluciones que garanticen plenamente los derechos de las personas refugiadas y migrantes, y propone una serie de soluciones apegadas a derechos humanos como acudir a la determinación colectiva de la condición de refugiado para responder a las necesidades de protección y facilitar su asistencia.AI recuerda que los países tienen la obligación de garantizar que las personas con necesidades de protección internacional tengan acceso al territorio y a procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado, y que no se las rechace en frontera en vulneración del principio de no devolución.
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