Este movimiento persigue, según explicó entonces Hacienda, ministerio del que depende la SEPI, “la participación del Estado como accionista de referencia en una compañía estratégica para el país, especialmente en el ámbito de la seguridad y la defensa”, además de dotar a Indra de “una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos”.
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