La comisión 'Bernales' detecta irregularidades en ascensos militares de Perú entre 2012 y 2016

La denominada Comisión Bernales ha presentado su reporte final sobre la revisión que sus integrantes han llevado a cabo sobre los procesos de ascensos y pases al retiro en las Fuerzas Armadas del Perú, entre los años 2011 al 2016, durante el Gobierno anterior. Entre sus conclusiones se indica el malestar en los institutos armados, en particular en el Ejército, por las modificaciones realizadas al marco legal pertinente, a la existencia de regímenes diferenciados para el personal militar y una presunta manipulación política de algunos ascensos y retiros en el período analizado.

En el Ejército del Perú se ha detectado un presunto favorecimiento a los oficiales pertenecientes a la Promoción Héroes de Pucará y Marcavalle (1984), de la que también es miembro el expresidente Ollanta Humala Tasso, y que habría afectado a oficiales de trayectoria más calificada.

Para la Fuerza Aérea del Perú se han recibido 19 solicitudes de revisión de los procesos de ascenso o retiros, encontrando justificación en seis casos. El teniente general (r) Julio Chávez Pomareda, pasado al retiro por renovación el 1 de enero de 2016, se aduce que la pérdida de confianza del comandante general (en ese entonces, Dante Arévalo Abate) se atribuye al contrato de reposición del APU del avión presidencial, un Boeing 737-528.

El APU adquirido a la empresa Carver Logistics Corp presentó problemas durante un viaje a España, tan solo con 69 horas de uso. Al revisar el APU, éste no había sido overhauleado, por lo que se devolvió el componente y se canceló el contrato. El monto del contrato ascendía a 575.000l dólares y el caso fue investigado por la Fiscalía.

Un contrato firmado entre la FAP y la empresa Armebo, cedía en uso un terreno para construir un centro funerario en la Base Aérea Las Palmas pero no se verificó que el contrato permitía a la empresa ofrecer servicios a terceros, de lo cual la FAP no percibió utilidad alguna.

La Comisión resalta que se debió completar una investigación antes de pasar al oficial a retiro, por lo que se recomienda su reincorporación.

También se recomienda reincorporar al teniente general (r) Juan Rodríguez Chirinos por faltas al debido proceso; reincorporar al mayor general (r) Charles Lambruschini Acuy, que pasó a retiro porque un oficial de su promoción ascendió a teniente general; lo mismo con el mayor general (r) Jorge Briceño Herrera, retirado por un medida disciplinaria a la que no se le ha encontrado sustento (supuesto robo de combustible que finalmente se hallaba en los almacenes); al mayor general (r) Juan Carlos Castro Malarín, retirado por renovación que resulta arbitrario; y reincorporar también al coronel (r) Juan Bonifaz Delgado, por arbitrariedad en su proceso de retiro.

Para la Marina de Guerra del Perú se presentaron ocho solicitudes de revisión y no se detectaron irregularidades, aunque en el caso del vicealmirante Wladimiro Giovannini y Freire, quien fue pasado al retiro tras no ser nombrado comandante general de la Marina o jefe del Comando Conjunto, caso para el cual se solicita una explicación al Ministerio de Defensa para no afectar la trayectoria personal del oficial.

En cuanto a las solicitudes de revisión en el Ejército, ha habido un total de 97, aunque la Comisión indica que ha tomado conocimiento de un número mayor, pero que por motivos personales de las personas afectadas no se han presentado reclamos. Asimismo, un número no especificado de solicitudes no procedían. Se han admitido a análisis las solicitudes de 19 altos oficiales que fueron pasados a retiro y en algunos casos se recomienda su reincorporación con ascenso al grado inmediato superior.

Sin embargo, es opinión de la Comisión Bernales que existe una crisis de institucionalidad en el Ejército que demanda una atención especial. Resalta además que una constante en los procesos de ascensos y retiros, es que no se ha respetado el orden de méritos, la trayectoria personal, la foja de servicios ni las calificaciones, así como el uso subjetivo de ciertos parámetros de evaluación (en ocasiones los primeros puestos quedaban relegados).

Se sugiere investigar la posibilidad de abuso de derecho por parte de los mandos superiores, la sospecha de corrupción para obtener el control de los mandos superiores y llama la atención sobre las solicitudes desatendidas de los oficiales afectados en el propio Ejército.

A nivel normativo, se recomienda evitar un exceso en la capacidad del jefe supremos de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República sobre la materia; modificar los tiempos mínimos en cada grado militar para brindar mayores oportunidades de ascenso; incorporar indicadores objetivos para ponderar la proyección en la carrera de los oficiales; reducir el porcentaje de subjetividad en las evaluaciones de la Junta de Selección; elaborar un proyecto de nueva Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, entre otros.

La revisión de los ascensos y retiros en los institutos armados era una promesa electoral del presidente Pedro Pablo Kuczynski. La Comisión que ha tenido la responsabilidad de analizar la materia ha estado conformada por Enrique Bernales Ballesteros (presidente), Ángel Delgado Silva, contralmirante (r) Jaime Navach Gamio, general de brigada (r) Emilio Bobbio Rosas y mayor general FAP (r) Luis Rodrigo García.

Foto: Peter Watson