Gran Bretaña suspende la ayuda militar a Colombia por las acusaciones de violación de los Derechos Humanos

01/05/2009 (Infodefensa.com) Londres - Gran Bretaña ha dado por terminada la ayuda militar que durante una década había venido concediendo a las Fuerzas Armadas de Colombia, ante las acusaciones que pesan sobre ellas por graves violaciones de los Derechos Humanos, incluido el asesinato de civiles que fueron fusilados y reportados como guerrilleros muertos en combate.

El Gobierno colombiano se mostró "extremadamente sorprendido" por la decisión de suspensión de los programas de cooperación bilateral, según declaraciones del viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, al diario británico The Guardian que publica la información.

El secretario de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, anunció la medida en una declaración escrita a la Cámara de los Comunes durante el mes pasado en la que afirmó que el Gobierno "comparte la preocupación de que hay oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas colombianas que han participado en, o permitido, los abusos".

"Nuestros proyectos bilaterales en materia de derechos humanos con el Ministerio de Defensa de Colombia cesarán", advirtió la declaración que no se ha conocido hasta ahora.

Los proyectos incluyen un programa de limpieza de minas terrestres que se han llevado a cabo desde el año 2000 y un proyecto de formación en materia de derechos humanos que se inició en 2006. En conjunto, la financiación de los programas ascendió a un total de 190.000 libras (unos 280.000 dólares) al año.

Duro Golpe

Aunque el valor financiero es relativamente pequeño, la terminación de la ayuda militar británica tiene un significado simbólico para Colombia. Jaramillo calificó la decisión de un "duro golpe" a las Fuerzas Armadas de parte de un "gran aliado". "Ningún otro país europeo ha trabajado tan estrechamente con el ejército como el Reino Unido", agregó.

Algunos militares colombianos han sido acusados de connivencia con grupos paramilitares ilegales de derecha. Los investigadores estudian 1.296 denuncias de ejecuciones de civiles por soldados, quienes posteriormente vestían las víctimas con uniformes de los rebeldes y les ponían armas para presentarlos como guerrilleros muertos de manera legítima en combate.

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos calificó esa práctica como "generalizada y sistemática". Muchos de los casos salieron a la luz pública después de una protesta por la suerte de 11 hombres desaparecidos de un suburbio pobre de Bogotá, quienes días después de su desaparición fueron reportados como muertos en combate a miles de kilómetros de su residencia. Veintisiete oficiales, entre ellos tres generales, fueron retirados del servicio activo debido a los asesinatos.

Un portavoz de Relaciones Exteriores declaró al diario The Guardian que ninguna de las ayudas ha ido directamente a cualquiera de las unidades implicadas en el asesinato de civiles, y añadió que sería "muy lamentable" si así hubiera sido, puesto que el Reino Unido apoya con el programa de formación en sensibilización sobre derechos humanos.

Jaramillo sostuvo que precisamente debido a esta situación, "no tiene sentido alguno cortar el apoyo para derechos humanos en este momento crítico".

En noviembre los EEUU, el mayor donante de ayuda militar a Colombia con cerca de 500 millones de dólares anuales, suspendió de la elegibilidad para la financiación a varias unidades del ejército que se creía estaban involucradas en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos".

Se mantiene ayuda antidrogas

El portavoz de Relaciones Exteriores británico reconoció que continuará trabajando con "algunos miembros de las Fuerzas Armadas" en los programas contra las drogas. El Reino Unido no reveló el valor económico de esta asistencia por "razones de seguridad", dijo.

El Reino Unido también continuará financiando proyectos de remoción de minas a través de la oficina de la ONU en Colombia, lo mismo que destinará más de un millón de libras (1,4 millones de dólares) para proyectos de derechos humanos con civiles, 900.000 libras (1,3 millones de dólares) para apoyar proyectos de las Naciones Unidas contra las drogas, y 250.000 libras (375.000 dólares) para luchar contra lo que se ha descrito como la impunidad en la justicia, que sufren la mayoría de los colombianos.