Madrid y Teruel rechazan los criterios del Gobierno sobre la sede de la Agencia Espacial

El Gobierno publicó el pasado martes los criterios que seguirá la Comisión consultiva presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para elegir la sede de la futura Agencia Espacial Española. Desde que este informe se hizo público, varias ciudades han mostrado su descontento debido a que estos excluyen a algunas localidades de la llamada España vaciada. Según las autoridades de estas regiones, los criterios no se ajustan a la desconcentración de instituciones a la que el Ejecutivo decía aspirar desde que anunció la creación de la Agencia.

El actual presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha sido uno de los primeros en señalar lo que a su manera de ver es una falta de consideración hacia las candidatas que no sean un gran núcleo de población. "La Moncloa planteó la descentralización de organismos y agencias estatales para favorecer a la España despoblada. Los criterios aprobados para la Agencia Espacial van justamente en la dirección contraria. El Gobierno de Aragón está totalmente en desacuerdo y luchará contra esa decisión", sostuvo Lambán.

Entre otros, algunos de los criterios publicados en el BOE implican que la ubicación que quiera ser sede de la Agencia debe albergar una instalación de al menos 3.000 metros cuadrados, que sea accesible en transporte público y a una hora de un aeropuerto internacional con vuelos a Bruselas, París, Ámsterdam, Roma, Frankfurt, Praga y Toulouse. El portavoz de Ciencia del Partido Popular, Pedro Navarro, ha incidido en que resulta imposible para muchas candidatas cumplir con estos requisitos: "Bájese del coche oficial y diga qué localidades de la España descentralizada, de la España vaciada, tienen esto". El popular también resaltó la decisión del Ejecutivo de ubicar la Agencia Espacial fuera de Madrid: "la ministra de Ciencia e Innovación insulta y la de Política Territorial decide".

Por su parte, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, también ha manifestado su "sorpresa y desacuerdo" con unos criterios que, a su juicio, "no cumplen con la Ley de Ciencia recientemente aprobada". Y denunció: "Hemos estado siempre marginados en la ejecución de infraestructuras y ahora se nos ponen como condición".

Los criterios

Para la elección de la ciudad que acogerá la futura institución, el Gobierno valorará que la localidad cuente con "acceso a medios de transporte aéreos y terrestres, un entorno hotelero que permita visitas institucionales, sector empresarial, administrativo, educativo y universitario dinámico en las proximidades para la integración social y desarrollo familiar del personal, empresas relacionadas con el sector espacial, iniciativas públicas que desarrollen un ecosistema empresarial en el sector y grupos de investigación en este campo".

El informe del Gobierno recoge que se estimará que las candidatas aporten un análisis del impacto económico, social, industrial, y las sinergias generadas con los ecosistemas de emprendimiento, innovación e investigación en el ámbito espacial, así como un análisis del mercado inmobiliario de alquiler y adquisición que permita la movilidad de los empleados. Los aspirantes deberán indicar en su solicitud las razones que apoyen su idoneidad para albergar la sede y, en el caso de que una comunidad presente más de una candidatura, el orden de preferencia de las localidades.

Tramitación de las candidaturas

La tramitación se realizará desde la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y, según informan desde el Consejo de Ministros, finalizado el plazo de presentación de candidaturas, el día 5 de noviembre, se solicitará un informe "a los ministerios e instituciones que puedan contribuir a conformar la decisión en la elección".

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas , la Comisión consultiva presidida por la ministra de Política Territorial elaborará un dictamen que podrá tomar en consideración localidades que no hubieran sido postuladas, pero que cumplan con los criterios establecidos. Este dictamen será remitido a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y se elevará al Consejo de Ministros, que adoptará su decisión mediante acuerdo que se publicará en el BOE en el plazo máximo de tres meses desde el inicio del procedimiento.