La Audiencia Nacional ha decidido que Indra, Santa Bárbara Sistemas y Sapa Placencia tendrán que pagar por daños y perjuicios al Ministerio de Defensa debido a los tres años de retrasos acumulados en la entrega de los prototipos del VCR 8x8 Dragón del Ejército de Tierra.
La Sala de lo Contencioso, según ha publicado el diario La Información, ha ratificado la resolución en la que se imponían estos pagos sobre la base de que la Administración no tuvo la culpa de dichos retrasos, como alegaron las empresas. La sentencia es del pasado 12 de abril, aunque a las empresas aún les quedaría acudir al Tribunal Supremo. Tienen de plazo hasta mediados de este mes de mayo para recurrir. La cifra que se maneja, aunque todavía no ha transcendido, podría alcanzar hasta casi los seis millones de euros si se mantienen las penalizaciones y fechas totales recogidas en el contrato.
Retrasos, fechas y sanciones
La sucesión de retrasos siempre ha ido en paralelo al propio proyecto, en el que llegaron a incluirse dos modificados para aumentar su presupuesto inicial de 89,2 millones de euros a casi 92, pero tuvo su punto álgido en el verano de 2019, cuando las compañías reclamaron una tercera ampliación del plazo de entrega. El Ministerio accedió y puso como nueva fecha el 30 de mayo de 2020, no obstante, en esta ocasión Defensa activó las penalizaciones contempladas en el contrato, lo que no había hecho en las dos ampliaciones anteriores. Las sanciones se establecieron a razón de 14.715 euros diarios desde el 10 de julio de 2019 y de 18.400 euros a partir del 30 de noviembre, en total, casi seis millones de euros si el retraso se alargase hasta el 30 de mayo citado.
Recurso y sentencia
Las empresas protestaron y presentaron un recurso ante el propio Ejecutivo acusándolo de tener la culpa de los retrasos. Según las empresas, la Administración era la culpable de las actuaciones que impidieron cumplir los plazos y además se quejaban de la "especial complejidad jurídica y técnica" del contrato. Además, afirmaban que los plazos tenían un “carácter no esencial”. Pero finalmente los jueces les han dicho que de eso nada, que sus alegaciones no están justificadas y atribuye los incumplimientos a la falta de recursos planteados por las empresas o a la falta de agilidad en las negociaciones con las subcontratas.
Las compañías, viendo perdida esta batalla, alegaron entonces que las penalizaciones son demasiado caras. Se quejaron de que se acudió al tope marcado por ley y por el contrato sin valorar las circunstancias y la falta de intencionalidad. Pero la Audiencia también les ha parado los pies en este punto, explicándoles que las sanciones se les impusieron no por el defectuoso cumplimiento de la prestación objeto del contrato, sino por el retraso en los plazos. La Sala lo deja claro: "Ninguna de las razones en que se basa merece favorable acogida”.
El vehículo
Los retrasos se refieren a los denominados demostradores técnicos del VCR 8x8 Dragón, unos prototipos de diferentes configuraciones de un vehículo de, entre otras configuraciones como la de zapadores, transporte de personal blindado de ocho ruedas para el Ejército de Tierra del que se fabricarán, en una primera fase, 348 unidades (siete se entregaron ya al Ministerio de Defensa el pasado mes de diciembre en Sevilla, como se puede observar en la fotografía). La empresa adjudicataria del contrato es una UTE llamada Tess Defence integrada por las compañías antes mencionadas, Indra, Santa Bárbara Sistemas y Sapa Placencia, más Escribano Mechanical & Engineering. La inversión aprobada inicialmente, en 2018, fue de 2.100 millones de euros, si bien el contrato no se firmó hasta 2020 por los retrasos. A finales del pasado mes de abril, el contrato sufrió un incremento importante, de 420 millones, tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, que se repartirán en las anualidades entre 2024 y 2028 del programa.
NEWSLETTER
ALERTAS
