Argentina: procesan por fraude a un ex jefe de la Fuerza Aérea

01/03/2009 (Infodefensa.com) Buenos Aires - El juez federal argentino, Ariel Lijo, ha procesado al brigadier mayor (R) Carlos Rodhe, ex jefe de la Fuerza Aérea durante el mandato de Néstor Kirchner, por anomalías en la contratación de equipos para detectar explosivos en los aeropuertos argentinos. El magistrado concluyó que Rodhe, despedido de su cargo en marzo de 2005 tras el escándalo de la línea aérea Southern Winds por tráfico de drogas, es responsable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y le trabó un embargo de 220.000 Euros sobre sus bienes. Están asimismo bajo sospecha Roberto Bendini, ex jefe del Ejército, Jorge Godoy, ex Jefe de la Armada y Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares (FM).

El fallo del juez federal argentino, Ariel Lijo, alcanza también a otros tres militares y a un empresario que había estado en la Fuerza Aérea, a los que se procesó por el mismo delito, que establece una pena de entre dos y seis años de cárcel, informó el periodista argentino Gabriel Sued, del diario La Nación en Buenos Aires. Pero ninguno irá a prisión, al menos, hasta el juicio oral.

La maniobra que involucra al ex jefe de la Fuerza Aérea de Argentina consistió en el desvío de fondos públicos por casi 1 millón de Euros. En lugar de destinarlos a la adquisición de equipos para la detección de explosivos, como preveía el decreto de asignación de recursos, el organismo usó ese dinero para contratar a un grupo empresarial, con conexiones dentro de la Fuerza Aérea, que desarrollaría, fabricaría e instalaría ese equipamiento, detalló Gabriel Sued.

Sin la aprobación del entonces ministro de Defensa Pampuro

Lo más grave del asunto, explicó el periodista argentino en La Nación, es que se demostró que esos equipos --tres máquinas del tamaño de un furgón de tamaño medio-- tenían graves falencias. De hecho, durante la investigación, se constató que los equipos no eran capaces de detectar siquiera una tira de granadas.

El brigadier mayor (R) Carlos Rodhe firmó la contratación directa el 1 de diciembre de 2003, por 1 millón de euros, pese a que en un primer momento la operación se había acordado en 1.200.000 euros. La rebaja se hizo ya que la Fuerza Aérea de Argentina no requería la aprobación del Ministerio de Defensa, por entonces a cargo de José Pampuro.

La causa comenzó en octubre de 2005 con una denuncia del jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Saín, que se negó a autorizar la instalación de esas máquinas hasta que se comprobara su buen funcionamiento, explicó Sued.

Perjuicio para el Estado argentino

Entre los procesados están Guillermo Donadille, de la Comandancia de Regiones Aéreas; Heriberto Rozzi, el jefe de esa dependencia que autorizó la rebaja de la operación para, según el juez federal argentino, evitar los controles del ministerio; Avelino Menéndez, ex jefe del proyecto de desarrollo de las máquinas, y Luis Puga, un militar retirado que encabezaba el grupo empresarial que resultó contratado.

Donadille y Puga eran amigos y compañeros de promoción y, según el juez Lijo, fueron los que orquestaron la operación que, finalmente, aprobó Rodhe.