Cantidad y oportunidad

El Consejo de Ministros del pasado 26 de diciembre aprobó un acuerdo por el que se prorrogaba la participación de 2042 efectivos de las Fuerzas Armadas españolas en las operaciones en curso en Bosnia-Herzegovina, Afganistán, Líbano, Mali, República Centroafricana, Senegal y Gabón. En el mismo acuerdo se autorizaba la participación española en los componentes terrestre, naval y aéreo de la fuerza OTAN NRF 15; así como el despliegue de 4 aviones C16 en Estonia (110 efectivos), de 300 efectivos del Ejército de Tierra en Irak y de una batería Patriot en Turquía (130 efectivos). Teniendo en cuenta que los 28 países de la UE despliegan alrededor de 40.000 efectivos en total, la aportación española rondaría un 6% sobre el global del esfuerzo europeo. Una aportación significativa, teniendo en cuenta las circunstancias españolas.

La financiación de esa participación se acaba de aprobar, más de tres meses desde que comenzó el año, en el Consejo de Ministros de 10 de abril por un importe de 649 M€. Una cantidad que hay que añadir al presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa, que para 2015 representa 5711 millones.

Para determinar la disponibilidad total de fondos disponibles por el Ministerio de Defensa habría que añadir los 80 M€ puestos a disposición del Ministerio de Industria para programas tecnológicos asociados a los futuros vehículos 8x8 y fragatas F110; así como la parte correspondiente a 2015 de los pagos pendientes de programas especiales. Esta cantidad, de acuerdo con lo aprobado por Consejo de Ministros de agosto de 2013 ascendería a un total de 874 millones, que previsiblemente se aprobarán durante el próximo verano.

Si los datos anteriores no son incorrectos, la Defensa Nacional contaría en 2015 con un total mínimo estimado en 7314 M€. Es decir un 28% más (1600 M€) de lo consignado en el presupuesto del departamento.

Según las cifras aportadas por el Secretario de Estado en su comparecencia parlamentaria para presentar el anteproyecto de 2015, el Capítulo 1 (gastos de personal) representa un 77% del presupuesto ordinario es decir 4400 M€. Un desequilibrio importante, que, sin embargo, hay que poner en valor sobre la cifra total disponible, en relación con la cual supone un 60%. Es decir, la disponibilidad teórica sobre el total real en el componente material sería de un 40% (2900 M€) que habría que repartir entre gastos de funcionamiento, apoyo logístico e inversiones.

El capítulo 6 del presupuesto ordinario está dotado con 421 M€ en presupuesto. La ampliación de crédito aprobada el 10 de abril, a cargo del fondo de contingencia, permite igualmente hacer inversiones en equipamiento. Con esto la disponibilidad inversora teórica sería de un total global de 1150 M€ incluyendo la partida de Industria. Una cantidad relativamente importante que representa el 16% de los fondos realmente destinados a defensa.

Sin embargo la disponibilidad real no es tan elevada y está condicionada por algunos factores. Las asignaciones para participación en operaciones exteriores son la principal fuente de financiación para equipamiento de las Fuerzas Armadas desde hace ya algunos años. Pero, prescindiendo de consideraciones de carácter político, presentan la problemática específica de su disponibilidad. La necesidad de ejecutar ese crédito durante el ejercicio no permite establecer compromisos de inversión plurianuales, con los inconvenientes que tanto para el propio Ministerio como para los proveedores representa. Su disponibilidad a partir de abril deja tan solo siete meses efectivos para gestionarlos. En ese periodo y con los procedimientos de contratación establecidos en la legislación resulta complicado realizar una utilización eficiente de los fondos, y se prima entonces la eficacia, es decir, la ejecución del gasto sobre otras consideraciones.

Como se ha puesto de manifiesto en el foro de AESMIDE celebrado durante la pasada semana es preciso aplicar cada vez con más profusión procedimientos de contratación abiertos en cumplimiento tanto de la normativa nacional como de la europea. Para ello la Administración debe favorecer la eficiencia de la gestión pública, establecer procedimientos adecuados, y levantar barreras que fomenten la competitividad empresarial. La primera de ellas es permitir disponer de los fondos en cantidad y tiempo oportunos reflejando en presupuesto la financiación realmente disponible para permitir un mejor aprovechamiento de los recursos en beneficio tanto de las Fuerzas Armadas como de sus suministradores.