Los retos de la nueva legislatura

La décima legislatura de la etapa democrática española toca a su fin, y sus luces, muy escasas, y sus sombras, muchas al amparo de la recesión económica sufrida sobre todo en la primera mitad de la misma. ya han sido suficientemente seguidas y analizadas desde Infodefensa. Toca mirar hacia una nueva legislatura que presenta a mi juicio grandes retos en el campo de la defensa y la seguridad de España. Entre ellos se pueden enumerar algunos que no son nuevos y otros que sin duda serán los más importantes y determinantes del devenir de la defensa española en los próximos años

Se terminaron las mayorías parlamentarias y los gobiernos unipartidistas. Resulta evidente que en la próxima legislatura el gobierno que se conforme será en coalición, y que muy posiblemente haya más de quince fuerzas políticas en el parlamento. Por lo menos cinco de ellas podrían tener aspiraciones soberanistas para sus comunidades autónomas. Esto va a producir por una parte que el tema de la defensa se politice en mayor medida y que el Parlamento cobre una relevancia especial en el control e impulso político de la acción del Ministerio de Defensa. Aunque de forma incipiente lo hemos visto en esta legislatura, en los próximos años pasaremos de las típicas preguntas sobre los solares del ministerio que ambicionaban adquirir los alcaldes sin coste, a una profunda discusión sobre los objetivos de la política de defensa; la contratación, el control de los recursos, la planeación, los derechos individuales etc. algo muy usual en el senado de los Estados Unidos y en cualquier democracia consolidada. Éste será sin duda uno de los aspectos más positivos que se producirán en los próximos años y que exigirá un fuerte ejercicio de estudio y análisis de la realidad de nuestra seguridad y sus implicaciones. Para crear una auténtica cultura de defensa hay que empezar por el Parlamento.

La falta de información pública en las decisiones de defensa, el escaso interés de los partidos políticos en estas cuestiones, la ausencia de discusión parlamentaria tienen mucho que ver con los déficits de la defensa española y con la escasa cultura de seguridad de nuestro país. Muchas veces se afirma que estos temas no interesan a la opinión pública y que mejor no abordarlos en los programas electorales. No solo es una irresponsabilidad no hacerlo sino que además lo que los ciudadanos esperan cada vez más de sus representantes es transparencia.

Desde el punto de vista de las amenazas, nunca desde 1991 España y en general Europa, habían tenido que enfrentarse a nuevas amenazas que nos afectan de forma muy directa y de mayor envergadura de lo que pudo suponer Al Qaeda. Los acontecimientos con el terrorismo del DAESH, el expansionismo ruso, la inseguridad en el Sahel, a los que se unen las crisis humanitarias y de refugiados, obligarán, como ya está aconteciendo en otros países en Europa a un incremento muy significativo del presupuesto de defensa. España sigue siendo el país de Europa que menor esfuerzo realiza en defensa. Precisamente la única política nacional cuyo nivel de gasto es una variable dependiente del nivel de gasto de otros países, especialmente de aquéllos que puede suponer una amenaza. Todos nuestros vecinos y potenciales adversarios son hoy mucho más fuertes que lo eran hace cuatro años, y en algunos casos la superioridad militar regional está en entredicho. No incrementar el gasto en defensa es un suicido para España en las actuales circunstancias. España en 2014, tomando en cuenta todos los créditos extraordinarios gastó en su defensa, en la liquidación final del presupuesto 7.687 millones de Euros, el 2,08% del gasto público del estado, el 0,72% del PIB, y 206 Euros per cápita. Cifras muy lejanas de la media europea y las más reducidas de todos los países de la OCDE.

Hay que terminar con la falacia de que se puede hacer más con menos. Es falso; nuestras fuerzas armadas han perdido en los últimos diez años más del ochenta por ciento de las inversiones militares y los gastos para formación, entrenamiento, maniobras y sobre todo para mantenimiento han tenido reducciones drásticas. No podemos llevarnos a engaño; nuestras fuerzas armadas no tienen el nivel de disponibilidad y capacidad de respuesta que deberían tener como consecuencia de los recortes continuados e intensivos en los presupuestos de defensa. Regresar a unos niveles de disponibilidad aceptables de los medios materiales y humanos debería ser el primer objetivo del nuevo gobierno.

Necesitamos implementar un nuevo sistema de planeación. La base política de nuestra acción de defensa es inocua. Junto a la estrategia de seguridad debe existir una estrategia militar, que incluya capacidades y ambiciones y que dé una respuesta concreta a las amenazas, y dejarse de ambigüedades sobre las que no se puede construir una política sólida. Igual ocurre con las directivas de defensa nacional, que apenas son un copia y pega de la anterior. Si el presidente del gobierno va a poner su firma en un documento de semejante nombre debe ser con objetivos concretos y medibles, y no más catálogos de intenciones. Con estos documentos maestros en vigor, cualquier política de defensa y de gasto es posible.

España necesita incrementar el número de efectivos para permitir las rotaciones y tener una capacidad de fuerza mayor. Deberíamos movernos a una horquilla mas cercana a los 140.000 efectivos, aunque como paso previo deberemos completar la disponibilidad plena de las unidades más relevantes de nuestras fuerzas armadas. La constitución de una auténtica reserva militar y de un voluntariado retribuido que permita incrementar el número de efectivos en un plazo razonable, debería considerarse si la situación geoestratégica se deteriorase.

El Ministerio de Defensa necesita un horizonte financiero a medio y largo plazo estable que por una parte solucione de forma permanente el pago de los denominados programas especiales; que permita continuar con el esfuerzo modernizador y que facilite el desarrollo tecnológico de nuestras empresas y la colaboración internacional. España se ha quedado fuera de muchas iniciativas industriales y tecnológicas internacionales como consecuencia de los recortes, y esto es malo para nuestra seguridad y para la economía nacional. Una Ley Programa de la Defensa debería ser una de las primeras iniciativas legislativas del próximo año.

Se abre ante nosotros un escenario complicado y apasionante. Esperemos no tener que decir dentro de cuatro años que la principal aportación del periodo fue mantener la moral y la confianza en el futuro, si no que podamos afirmar al final de la undécima legislatura que tenemos unas mejores fuerzas armadas más capacitadas, una política de defensa más transparente, con unos objetivos claros que dimanan de la Constitución y que los españoles nos sentimos más seguros. La seguridad no es gratuita, requiere de un gran esfuerzo económico y personal. Deben evitarse los prejuicios sobre la defensa, especialmente los que pudieran tener los que se incorporarán al escenario político en el próximo Parlamento. Pocas instituciones sirven a España como sus fuerzas armadas, ejemplo de honestidad y sacrificio, pero la vocación no es suficiente en el mundo moderno de las múltiples amenazas y con muy diversos escenarios en los que actuar. Una decidida voluntad por la seguridad, la dotación de medios que puedan operarse, una constante capacitación y entrenamiento, una conciencia de que la seguridad tiene un precio y que no pagarlo no nos hace más seguros, y una mayor participación del Parlamento en la política de defensa son pasos ineludibles para que podamos sentirnos seguros y socios solidarios de nuestros aliados en la defensa de nuestros valores.

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