El próximo año el Gobierno deberá tomar decisiones de calado que afectan de forma directa a los intereses de la industria de Defensa. Lo primero que deberá afrontar desde el punto de vista económico será el pago de los Programas Especiales de Armamento (PEA), para después definir las prioridades de un nuevo ciclo de planeamiento que permita el desarrollo de los programas del futuro e impulsar los que ya están en marcha, es el caso del vehículo 8x8 o la fragata F-110.

Sobre los PEA todo apunta a que el pago a la industria de los créditos pendientes pasa por incorporar en el presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa la partida que corresponde al año 2016, en torno a unos 700 millones de euros. Una cantidad que no se desembolsó el año pasado tras rechazar el Tribunal Constitucional la fórmula del decreto ley para el pago de estos créditos extraordinarios.

A esta cifra hay que sumar los 1.100