Foto: Congreso de Perú Razones esgrimidas desde el EjecutivoMediante oficio dirigido a la congresista María del Carmen Alva Prieto, presidenta del Congreso de la República, Castillo y Torres han observado la norma bajo los argumentos que la norma establece requisitos no previstos en la Constitución, que vulnera el principio de separación de poderes, que la norma desborda los parámetros de constitucionalidad al establecer el deber del premier de informar al Congreso sobre el nombramiento de ministros y viceministros y que se contrapone a la facultad del presidente de dirigir y aprobar la política general de gobierno.Finalmente, el Poder Ejecutivo sostiene que al no contar con un test de proporcionalidad para evaluar su constitucionalidad se observa la norma.Argumentos del CongresoExisten posibilidades, sin embargo, de que la norma sea promulgada por insistencia en el Congreso de la República, que escgrime que lo que se está modifiando es una ley y no la Constitución; que no se afecta ninguna libertad fundamental (nadie tiene derecho a ser ministro o viceministro); se trata de un procedimiento y no de un requisito (el nombramiento sigue adelante y puede ser publicado en el diario oficial); que el procedimiento se alinea con los principios de la administración pública; que el informe solicitado al premier no afecta su capacidad de recomendar al candidato al presidente ni tampoco aquella del presidente de nombrarlo (se presenta el informe luego de publicada la designación); y que la política general de gobierno no depende del nombramiento de alguna persona como ministro o viceministro.
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