Presidencia del Consejo de Ministros del Perú

Fue pasado a retiro en noviembre de 2020 como parte de una polémica poda en la Policía que afectó a 18 generales.Por su parte, el saliente oficial de la Policía Nacional del Perú, Max Anhuamán, llegó en 2023 a desempeñarse como jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), y de acuerdo a información extraoficial, durante su breve paso por la DINI logró formar un grupo contra la minería ilegal para realizar acciones de inteligencia contra lo que se está convirtiendo en la primera economía ilegal en el Perú, y origen incluso de actos subversivos como el derribo de torres de distribución de corriente eléctrica en la localidad de Pataz, región La Libertad, y la reciente ejecución de 13 personas que brindaban seguridad a compañías mineras.Cabe indicar que la DINI es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo nuevo premier, Eduardo Arana, deberá buscar en los próximos días el voto de confianza del Pleno del Parlamento.

Foto: Ministerio de Defensa del PerúDurante su carrera militar en el Ejército del Perú, el general (r) Bracamonte se ha desempeñado como inspector de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales, director de la Escuela de Infantería, jefe de Bienestar del Ejército, jefe de Educación del Ejército y comandante general de la 7ma Brigada de Infantería. Ya en situación de retiro ha ocupado los puestos de jefe de la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lambayeque; coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y gerente general de una corporación agroindustrial en la provincia de Nazca, Ica. 

Foto: Congreso de Perú Razones esgrimidas desde el EjecutivoMediante oficio dirigido a la congresista María del Carmen Alva Prieto, presidenta del Congreso de la República, Castillo y Torres han observado la norma  bajo los argumentos que la norma establece requisitos no previstos en la Constitución, que vulnera el principio de separación de poderes, que la norma desborda los parámetros de constitucionalidad al establecer el deber del premier de informar al Congreso sobre el nombramiento de ministros y viceministros y que se contrapone a la facultad del presidente de dirigir y aprobar la política general de gobierno.Finalmente, el Poder Ejecutivo sostiene que al no contar con un test de proporcionalidad para evaluar su constitucionalidad se observa la norma.Argumentos del CongresoExisten posibilidades, sin embargo, de que la norma sea promulgada por insistencia en el Congreso de la República, que escgrime que lo que se está modifiando es una ley y no la Constitución; que no se afecta ninguna libertad fundamental (nadie tiene derecho a ser ministro o viceministro); se trata de un procedimiento y no de un requisito (el nombramiento sigue adelante y puede ser publicado en el diario oficial); que el procedimiento se alinea con los principios de la administración pública; que el informe solicitado al premier no afecta su capacidad de recomendar al candidato al presidente ni tampoco aquella del presidente de nombrarlo (se presenta el informe luego de publicada la designación); y que la política general de gobierno no depende del nombramiento de alguna persona como ministro o viceministro.