Presidencia del Perú

En su mensaje al Pleno del Parlamento y a la nación por Fiestas Patrias, la presidenta constitucional del Perú, Dina Boluarte, ha anunciado la próxima adquisición de un avión de control del espacio aéreo y guerra electrónica (AEW&C) para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y también adquirirá una red de radares de vigilancia para reforzar la lucha contra el narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y contrabando.El mensaje del 28 de julio de Boluarte ha sido el más extenso de los últimos 20 años, con 72 páginas, y en lugar de una declaración que buscaba presentar genéricos puntos comunes, ha servido como rendición de cuentas y presentación de proyectos a futuro.Entre las páginas 61 y 62 de su discurso, Boluarte trajo primero a colación las acciones que su administración viene realizando para reducir la situación de reducida actividad económica formal, carencia, en las zonas donde opera actualmente el narcotráfico en el Perú, principalmente en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) que abarca a varios departamentos de la zona centro y sureste del país.

Las áreas de cooperación abarcan a la adquisición de equipos y materiales de empresas o entidades privadas y públicas; la transferencia o intercambio de tecnología; y el uso de capacidades tecnológicas e industriales en el campo de la defensa y seguridad interna para beneficio mutuo.Los órganos competentes para la implementación del MoU son el Ministerio de Defensa de Israel, Ministerio de Defensa del Perú y el Ministerio del Interior del Perú, aunque para ello se requiere firmar los acuerdos respectivos de implementación en los que se determinará las modalidades de cooperación.Si los acuerdos de implementación versan sobre materias clasificadas, se deberá firmar además un convenio de confidencialidad.

Foto: Congreso de Perú Razones esgrimidas desde el EjecutivoMediante oficio dirigido a la congresista María del Carmen Alva Prieto, presidenta del Congreso de la República, Castillo y Torres han observado la norma  bajo los argumentos que la norma establece requisitos no previstos en la Constitución, que vulnera el principio de separación de poderes, que la norma desborda los parámetros de constitucionalidad al establecer el deber del premier de informar al Congreso sobre el nombramiento de ministros y viceministros y que se contrapone a la facultad del presidente de dirigir y aprobar la política general de gobierno.Finalmente, el Poder Ejecutivo sostiene que al no contar con un test de proporcionalidad para evaluar su constitucionalidad se observa la norma.Argumentos del CongresoExisten posibilidades, sin embargo, de que la norma sea promulgada por insistencia en el Congreso de la República, que escgrime que lo que se está modifiando es una ley y no la Constitución; que no se afecta ninguna libertad fundamental (nadie tiene derecho a ser ministro o viceministro); se trata de un procedimiento y no de un requisito (el nombramiento sigue adelante y puede ser publicado en el diario oficial); que el procedimiento se alinea con los principios de la administración pública; que el informe solicitado al premier no afecta su capacidad de recomendar al candidato al presidente ni tampoco aquella del presidente de nombrarlo (se presenta el informe luego de publicada la designación); y que la política general de gobierno no depende del nombramiento de alguna persona como ministro o viceministro.