Aunque la Ley de Seguridad Nacional establece su renovación cada cinco años, el Gobierno ha decidido revisar el texto antes, para según explica, adaptarlo “al contexto actual caracterizado por una mayor competición geopolítica y un entorno socioeconómico marcado por las consecuencias del Covid, así como por la aceleración de la transformación provocada por la tecnología y la transición ecológica”.
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