Seis años y medio después, el astillero español y el Gobierno noruego han acordado resolver el caso en un proceso de mediación judicial supervisado por el Tribunal de Distrito de Oslo, que implica el cierre de todos los procedimientos en marcha. Ambas partes han firmado también un acuerdo para garantizar la continuidad del servicio de sostenimiento y actualizaciones en las cuatro fragatas noruegas F-310 construidas por Navantia durante un periodo máximo de seis años.
Las autoridades noruegas exculparon un año después del accidente al fabricante, Navantia, de cualquier responsabilidad sobre lo acontecido, después de que en un primer momento la investigación abierta en el país señalase a la compañía española por un posible diseño de la nave que hubiese facilitado su hundimiento.