Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión elaborará un documento, previa consulta a los ministerios implicados, analizando las posibles sedes y lo remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo y se publicará en el BOE en el plazo máximo de tres meses desde el inicio del procedimiento.
El primero pide “continuar con las acciones destinadas a fomentar, preservar, apoyar y priorizar frente a industrias de terceros Estados, tanto los recursos industriales y tecnológicos de las empresas españolas del sector de la Defensa, como el desarrollo de la innovación en el mismo ámbito”. Además, apuesta por incluir “un conjunto de medidas destinadas a impulsar la base industrial tecnológica nacional de defensa, de modo que se pueda poner a disposición de nuestras Fuerzas Armadas los sistemas de defensa más modernos y adecuados a través del desarrollo temprano de tecnologías susceptibles de ser implementadas a tiempo en los futuros sistemas de armas y equipos”. El texto incluye una enmienda del PP con referencias tanto al modelo de financiación como a la importancia de aumentar la soberanía tecnología.