La Policía Federal argentina registra varias sedes del Ejército por presuntos casos de corrupción
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La Policía Federal argentina registra varias sedes del Ejército por presuntos casos de corrupción

Garre
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03/10/2008 (Infodefensa.com) La Policía Federal argentina ha efectuado hasta 86 allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga presuntos actos de corrupción en compras y licitaciones realizadas por el Ejército argentino. Los operativos fueron ordenados por el juez Rodolfo Canicoba Corral y se realizaron en varias sedes del Ejército, entre ellas en el Batallón de Intendencia 601 y la guarnición militar de Campo de Mayo. Al mismo tiempo, también fueron registradas las oficinas de la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército en diversas ciudades.

El propósito de estos procedimientos es la incautación de documentación sobre supuestas empresas a través de las cuales el Ejército habría contratado bienes y servicios y sobre las que la Justicia sospecha que pudo tratarse de ‘compañías fantasma' para encubrir presuntos acuerdos ilícitos.

Según el fiscal Eduardo Taiano, hay "serios indicios" de actos simulados de competencias entre oferentes "para adjudicar contrataciones determinadas de antemano". Allegados al sumario señalaron que Taiano detectó compras ficticias, falsificaciones de firmas y contratos con proveedores que se dedicaban a rubros distintos a los requeridos, entre otras irregularidades. Ahora, el juez se abocará al análisis de la documentación encontrada para constatar la existencia de dichas empresas.

La denuncia fue presentada el 8 de agosto pasado, por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Defensa, tras descubrir supuestas acciones ilegales cometidas en el Comando de Aviación del Ejército y en el Comando del III Cuerpo del Ejército, con sede en la provincia de Córdoba, entre otras unidades de la fuerza. Entre esas irregularidades o delitos, la UAI detectó vinculaciones de integrantes del Ejército con adjudicatarios de compras y el desdoblamiento de contrataciones para eludir la fiscalización de organismos de control.La ministra de Defensa, Nilda Garré, dispuso el pase a disponibilidad de 48 altos militares en el marco de esta investigación. A este escándalo se sumó la renuncia, en septiembre, del entonces jefe del Ejército Roberto Bendini, tras ser procesado por presunta malversación de fondos y denuncias por corrupción en varias áreas y unidades de la fuerza. Fue reemplazado por el general de división Luis Pozzi. Sin embargo, la renuncia de Bendini se produjo tras ser procesado por la Justicia de Comodoro Rivadavia, por el supuesto manejo de fondos en la XI Brigada Mecanizada de Río Gallegos.



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