Y respecto al tema de la defensa y la seguridad nacionales, entendidas como capacidades disuasivas, estas tampoco son ya necesarias, pues las dos principales hipótesis de conflicto, desaparecieron de tajo desde el pasado 7 de agosto, convirtiéndose en los nuevos mejores amigos, a tal punto del anuncio del restablecimiento de la relaciones entre las FFAA Colombianas y las FANBV.Lo anterior explica también la nueva línea de la FAC, fuerza debilitada operacionalmente en los últimos cuatro años, dejando a la Armada (ARC), como la única fuerza en donde la transición se presento en la forma en que se esperaba, no entendiéndose si, la designación del nuevo jefe de estado mayor conjunto (el camaleónico v.alm Amézquita), responsable de los notables retrasos del proyecto PES.¿Y, la Dirección Nacional de Inteligencia?Por otro lado, los intereses del presidente en colocar al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a personal ajeno a la comunidad de inteligencia, ya suscito fuertes problemas y enfrentamientos, por la pretensión de nombrar nuevos asesores sin el requisito previo de los controles de seguridad exigidos por la Ley de Inteligencia Nacional y que motivo incluso la intervención (no reconocida oficialmente por supuesto) de la embajada de un país amigo, con particular interés en la lucha antinarcóticos y antiterrorista, que le habría manifestado directamente al presidente colombiano sus reservas frente a personas que pretenden hacer parte de la DNI, pero que habrían también sido identificadas como demasiado afines al régimen de un vecino país, lo que prendió alertas y que motivo además preguntar porque no se tuvo realmente en cuenta la hoja de vida de un almirante (re) especialista en inteligencia, como posible nuevo candidato para la dirección de esta agencia.Nos avocamos, entonces, a un periodo -de aquí a la firma de acuerdos de paz-, en el que habrá un incremento sustancial en el tonelaje de sustancias alucinógenas producidas, no derivado esto de un aumento exponencial del área cultivada, si no del cese de la erradicación forzosa, lo que permitirá cultivar y producir sin mayores obstáculos, o por lo menos sin el acoso de la Fuerza Pública, redundando esto en una mayor producción, que tendrá como efecto un aumento en la oferta -y posiblemente una disminución en los precios finales de venta- y por tanto un mayor auge del microtráfico, lo que afectará a su vez y negativamente la seguridad y la convivencia ciudadana, así como el orden público a nivel nacional, sin mencionar las consecuencias de ello, en las relaciones -y los compromisos- hemisféricos en seguridad trasnacional. Por otro lado, una institucionalidad militar y policial avocadas, a cesar cualquier acción ofensiva en contra de los actores y organizaciones ilegales -e impedidas de pronunciarse críticamente frente a estos hechos- y sometidas a una estricto control político, que en cualquier momento se traducirá en llamados a calificar servicios, dejando de lado todo este escenario, a su protagonista más importante: la ciudadanía, que deberá adaptarse a los nuevos enfoques en seguridad y orden público que desarrollará esta administración.
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