El presidente Petro renueva en su totalidad la cúpula de las FFAA de Colombia
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El presidente Petro renueva en su totalidad la cúpula de las FFAA de Colombia

Los nombramientos, que implicaron la salida del servicio de casi 40 generales y almirantes de las FFAA y Policía, han generado inquietudes e interrogantes
Nueva cúpula colombiana. Foto Mindefensa
La nueva cúpula cúpula militar. Foto: Ministerio de Defensa Nacional
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El presidente de la Republica de Colombia, Gustavo Petro, ha designado, el pasado viernes 12 de agosto, a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas (FFAA), solo cinco días después de haber asumido el gobierno de esta nación latino americana.

Como comandante de las Fuerzas Militares (FFMM) fue nombrado el general Helder Giraldo, quien estará acompañado del vicealmirante José Amézquita, como jefe de Estado Mayor Conjunto, así como del general Luis Ospina, como nuevo comandante del Ejército, del general Luis Córdoba como nuevo comandante de la Fuerza Aérea y del vicealmirante Francisco Cubides, como nuevo comandante de la Armada, siendo designado como director de la Policía, el general Henry Sanabria.

¿Renovación o Purga?

"La nueva cúpula va a dirigir a la Fuerza Pública de Colombia, con los objetivos de la Política de Seguridad Humana que prometimos y que queremos volver práctica, para saber de su eficacia en términos de garantizar paz, disminución de la violencia, de la criminalidad y del incremento de sustancias y del respeto a los Derechos Humanos", palabras -las anteriores- con las que precisamente Petro, presentaba el pasado 12, en horas de la tarde a la cúpula de las FFAA.

Con estas frases, el presidente, le anunciaba al país la designación de la nueva línea de mando de las FFAA, proceso que implico la salida del servicio de alrededor de 40 generales y almirantes de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada colombianos, cortando de tajo -y privando por tanto- al país de una serie de oficiales con experiencia y formación en la lucha contra insurgente, anti terrorista, pero particularmente anti narcóticos.

Pero, ¿cuáles fueron las motivaciones para una renovación (o purga) de tal magnitud y sin antecedentes en la vida republicana de esta nación?, varios son los antecedentes, que pueden citarse como respuesta a esta inquietud.

El primero de ellos, lógicamente, fue la propuesta de una nueva política en seguridad, denominada Seguridad Humana, basada en el respeto por los derechos, libertades, pero sobre todo la vida e integridad de la totalidad de la población y orientada a la prevención del delito que afecta la seguridad y la convivencia, pero que también altera el orden público. En este sentido se hará énfasis en la protección de líderes y lideresas sociales, así como de defensores y defensoras de derechos humanos (hecha la advertencia de que los mandos jurisdiccionales, deberán responder por la vida de esos líderes y defensores, so pena de afectar su hoja de vida) y en el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, evitando la confrontación especialmente con comunidades y población rural vulnerable, afectada directamente por el narcotráfico.

El segundo, el nombramiento del nuevo ministro de Defensa Nacional, persona completamente ajena y desconocedora de los temas relacionados con la defensa y la seguridad nacional, que por declaraciones hechas en privado, ha ya levantado dudas respecto a la continuación de procesos de fortalecimiento al interior de las FFMM y que además fue pieza clave en la escogencia -junto al presidente- de los miembros de la nueva cúpula.

El tercero, pronunciamientos recientes de miembros de la bancada de gobierno, que en redes sociales han entablado posiciones y discusiones en torno al futuro de las FFAA, planteando algunos (entre ellos el presidente del senado), la necesidad de no desmantelar las capacidades de la Fuerza Pública, para con ellas poder seguir combatiendo a los actores armados ilegales, principales generadores de inseguridad en el país.

Cuarto, tres hechos que se sucedieron entre el jueves 11 y el viernes 12 pasados. El primero, el desplante que se le hizo -adrede- a la cúpula saliente, en medio de un consejo de seguridad celebrado en el occidente del país, dejándolos de pie durante 20 minutos, mientras el presidente pronunciaba un largo e intrascendente discurso sobre igualdad, respeto y trato digno. El segundo, la fuerte discusión que se presento entre el designado (no posesionado) nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y personal de esta entidad y tercero, el momento escogido para el anuncio de la nueva cúpula, un viernes en horas de la tarde y justo antes de un puente festivo nacional.

Todos los anteriores, son antecedentes que permitían anticipar que la transición entre el antiguo y nuevo mando castrense no iba a ser ajeno a traumatismos, como en efecto y lamentablemente sucedió. Estamos entonces frente a procesos más que de desinstitucionalización, si, de principios de politización del conjunto de las Fuerzas Armadas Colombianas.

Acuerdos de Paz “totales”

En esencia, la nueva cúpula está conformada por generales y almirantes, que se caracterizan por tener una muy buena imagen dentro de los cuadros y tropas, debido a su preocupación por el mejoramiento del bienestar de la misma y por el buen trato y la caballerosidad dentro y por fuera de la institución, pero y al mismo tiempo, por carecer de la suficiente experiencia operacional (o haberla ejercido ya hace mucho tiempo), justo en momentos -y esta es la principal razón para su nombramiento-, en que la nueva administración nacional propone sendos diálogos de paz "totales", que pretenden lograr negociaciones y acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias y reincidencias de las FARC y con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o en otras palabras, una cúpula que está plenamente sintonizada con el discurso presidencial.

Sin embargo -y aparte de las buenas intenciones-, es precisamente aquí en donde comienzan los problemas.

Iniciar procesos de paz con tres organizaciones diferentes, dedicadas todas por completo al narcotráfico (1.100 toneladas de coca anuales) y al terrorismo, implica que el nuevo gobierno se condicione en algunos aspectos, entre ellos el de la seguridad y particularmente el de la lucha contra el narcotráfico, generador este -a través del microtráfico o tráfico localizado- de los principales problemas de seguridad, convivencia ciudadana y orden público en el país.

Esos condicionamientos se refieren a los "tiempos" de negociación y a los "cómos" de la misma. En efecto, este proceso deberá adelantarse durante el segundo semestre del presente año y el primero del 2023 y producir resultados tangibles antes de las elecciones regionales (gobernaciones y alcaldías) precisamente del próximo año (tiempos), pero adicional a ello, dentro de unos espacios que involucren un cese de hostilidades (cómos), para facilitar, pero sobre todo agilizar la negociación, que una vez materializada con los primeros acuerdos de paz (independientemente de con quién), pueda ser mostrada tanto a nivel internacional, pero principalmente a nivel interno, como un logro evidente que cumple con uno de los objetivos propuestos en campaña y como óbice para mantener la cohesión dentro del partido de gobierno, que se traduzca en un apoyo a los candidatos regionales del movimiento político del presidente, logrando así poder regional y local hoy no detentados.

Pero esos tiempos, pero sobre todos los cómos, tendrán un efecto casi que inmediato -y pronto podrá percibirse- en el tema de la lucha antinarcóticos. La Policía colombiana se caracteriza por ser una fuerza con multiplicidad de capacidades, productos estas de la complejidad del conflicto interno, que le han permitido atender de manera simultánea una variedad de frentes, entre ellos el combate contra el narcotráfico, traducido esto en labores de erradicación e interceptación, ambas desarrolladas en un trabajo conjunto particularmente con el Ejército, en las áreas más difíciles del territorio nacional y en donde se concentran las áreas de cultivo y procesamiento y la mayor presencia de grupos armados organizados.

Interceptación, no erradicación

No obstante en ese sentido, el presidente ha indicado que el esfuerzo de las FFAA deberá dirigirse a la interceptación (decomisos) y en lo absoluto a la erradicación, pues esta supone una confrontación con las comunidades (y narcotraficantes) y las confrontaciones en Colombia, desde el pasado 7 de agosto se resolverán a través de las vías del dialogo. Siendo esto así, no se hace necesario contar entonces con una línea de mando en la Policía, que sea especializada en la lucha antinarcóticos, ni en inteligencia, y si más bien una -como la escogida- que se centre en la seguridad y la convivencia ciudadana, obviando (ya no se sabe si adrede o por simple desconocimiento), que la principal causa de afectación de esa seguridad y convivencia, es el narcotráfico (distribución por microtráfico, pero especialmente consumo).

En este mismo aparte se comprenden los cambios en la línea de mando del Ejército, dejando de lado a una serie de oficiales "troperos" y con amplia experiencia en el terreno, reemplazándolos por otros que aunque con la formación y el talante para afrontar los mismos retos, no tienen en su mayoría la misma experiencia (producto del tiempo) operacional, considerando el nuevo gobierno que esto ya no es necesario, pues el combate contra las organizaciones narcotraficantes y terroristas, pasará por el dialogo y la pronta desmovilización e incorporación a la sociedad. Y respecto al tema de la defensa y la seguridad nacionales, entendidas como capacidades disuasivas, estas tampoco son ya necesarias, pues las dos principales hipótesis de conflicto, desaparecieron de tajo desde el pasado 7 de agosto, convirtiéndose en algo parecido a "nuevos mejores amigos", a tal punto del anuncio del restablecimiento de las relaciones entre las FFAA Colombianas y las FANBV.

Lo anterior explica también la nueva línea de la FAC, fuerza debilitada operacionalmente en los últimos cuatro años, dejando a la Armada (ARC), como la única fuerza en donde la transición se presento en la forma en que se esperaba, no entendiéndose si, la designación del nuevo jefe de estado mayor conjunto (el camaleónico v.alm Amézquita), responsable de los notables retrasos del proyecto PES.

¿Y, la Dirección Nacional de Inteligencia?

Por otro lado, el interés del presidente en colocar al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a personal ajeno a la comunidad de inteligencia, ya suscito fuertes problemas y enfrentamientos, por la pretensión de nombrar nuevos asesores sin el requisito previo de los controles de seguridad exigidos por la Ley de Inteligencia Nacional y que motivo incluso la intervención (no reconocida oficialmente por supuesto) de la embajada de un país amigo, con particular interés en la lucha antinarcóticos y antiterrorista, que le habría manifestado directamente al presidente colombiano sus reservas frente a personas que pretenden hacer parte de la DNI, pero que habrían también sido identificadas como demasiado afines al régimen de un vecino país, lo que prendió alertas y que motivo además preguntar porque no se tuvo realmente en cuenta la hoja de vida de un almirante (re) especialista en inteligencia, como posible nuevo candidato para la dirección de esta agencia.

Nos avocamos, entonces, a un periodo -de aquí a la firma de acuerdos de paz-, en el que habrá un incremento sustancial en el tonelaje de sustancias alucinógenas producidas, no derivado esto de un aumento exponencial del área cultivada, si no del cese de la erradicación forzosa, lo que permitirá cultivar y producir sin mayores obstáculos, o por lo menos sin el acoso de la Fuerza Pública, redundando esto en una mayor producción, que tendrá como efecto un aumento en la oferta -y posiblemente una disminución en los precios finales de venta- y por tanto un mayor auge del microtráfico, lo que afectará a su vez y negativamente la seguridad y la convivencia ciudadana, así como al orden público a nivel nacional, sin mencionar las consecuencias de ello, en las relaciones -y los compromisos- hemisféricos en seguridad trasnacional. 

Por otro lado, una institucionalidad militar y policial obligadas, a cesar cualquier acción ofensiva en contra de los actores y organizaciones ilegales -e impedidas de pronunciarse críticamente frente a estos hechos- y sometidas a una estricto control político, que en cualquier momento se traducirá en llamados a calificar servicios, dejando de lado todo este escenario a su protagonista más importante, la ciudadanía, que deberá adaptarse a los nuevos enfoques progresistas que en seguridad y orden público desarrollará esta administración. Tiempos difíciles se avecinan.




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