Espina califica de "grave" y "falso" el informe de Amnistía Internacional

El ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, se refirió el viernes al informe de Amnistía Internacional y a la declaración que hizo el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile en respuesta a las afirmaciones del organismo de Derechos Humanos sobre su actuar en el Estado de Emergencia.

“Debo señalar claramente que Amnistía Internacional, al decir que las Fuerzas Armadas, es decir, que el Ejército, la Armada y la Aviación de Chile, están cometiendo ataques generalizados con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta, está afirmando un hecho extraordinariamente grave y absolutamente falso", afirmó el secretario de Estado, agregando que "las Fuerzas Armadas salieron en virtud del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, exactamente para lo contrario, para proteger a los chilenos, para salvarlos frente a la ola de saqueos, de ataques, de vandalismos y de atentados en contra de su vida personal y de sus bienes".

"Son las mismas Fuerzas Armadas que en estos días están combatiendo, arriesgando sus propias vidas para salvar la de los chilenos en los incendios que están afectando la región de Valparaíso y otras regiones del país. Son los mismos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, hacer esa afirmación por parte de Amnistía Internacional es un hecho gravísimo, falso y una imputación inaceptable que además, no tiene ningún fundamento ni antecedente que la justifique", declaró.

Defensa del comunicado

El ministro aseguró que "nuestras Fuerzas Armadas son instituciones profesionales, disciplinadas, no deliberantes y sometidas a la autoridad civil como ha quedado claramente demostrado durante todos estos últimos años. Y todas las instituciones y todas las personas cuando reciben un ataque de esa magnitud, en donde se les imputa que están generalizando un ataque en contra de nuestros compatriotas, tienen pleno derecho a defenderse, no hay ningún acto de deliberación en lo que han dicho las Fuerzas Armadas".

Además confirmó que "yo tuve conocimiento de esa declaración y me pareció que es correcto porque no hay ningún juicio político que se emita. Pero en todo Estado de Derecho democrático, las personas y los representantes de las instituciones como son el Ejército, la Armada y la Aviación, cuando son brutalmente atacadas en forma injusta sin ningún fundamento, en un ataque que no tiene realmente ninguna u otra justificación que desacreditarlas y dañarlas, tienen pleno derecho a defenderse y eso nadie puede considerar que rompe el profesionalismo o afecta la no deliberación que las Fuerzas Armadas permanentemente practican".

Defensa del informe

Sobre el informe emitido por Amnistía Internacional, Espina dijo que "como ministro de Defensa, durante este año y medio me ha tocado enfrentar situaciones muy complejas y siempre lo he hecho pensando en que las Fuerzas Armadas son un factor de unidad de los chilenos, que no son patrimonio de ningún sector político, pero que también son hombres y mujeres que a través de sus mandos y dentro de las reglas de la democracia y el pleno respeto de la ley, pueden y deben defenderse frente a ataques de esta magnitud. Eso es lo que ha ocurrido y nosotros creemos que ese tipo de ataques, siempre hechos de manera clara, pero sin pruebas, sobre de instituciones tan valiosas como las Fuerzas Armadas causan un grave daño".

"Recuerden, a todos quienes están viendo esta intervención, que esos mismos soldados, esos mismos hombres y mujeres son los que arriesgan permanentemente la vida por nuestros compatriotas en todas las catástrofes que han existido durante los últimos años y no hay derecho que se les calumnie, se les injurie, se les ofenda de la forma como se ha hecho y, por lo tanto, el que puedan salir, legítimamente, rebatiendo hechos que son falsos, está absolutamente dentro del marco de la Ley y la Constitución y, por lo tanto, cuentan con nuestro total respaldo".

"Pero ataques de esta magnitud, que esperamos no se repitan, legitima en un sistema democrático que con conocimiento del ministro de Defensa puedan defenderse como lo puede hacer cualquier persona o cualquier institución que es objeto de afirmaciones falas que afectan el honor, que afectan a miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que lo que hacen es muy por el contrario, jamás salir a dañar a los chilenos, jamás salir a atacar a los chilenos, si son las Fuerzas Armadas las llamadas a proteger, cuidar los Derechos Humanos y la propiedad e integridad física de los chilenos. Estuvieron nueve días, 10.000 hombres, de la cuales 1.000 eran mujeres. Respetaron rigurosamente las Reglas de Uso de la Fuerza y en los casos en que, como todo grupo integrado por seres humanos, se pueden haber cometido errores, irregularidades o casos al margen de la ley, ellos están siendo investigados por los tribunales civiles y con plena colaboración de las Fuerzas Armadas", finalizó.

El informe de Amnistía

Según el reporte del organismo de Derechos Humanos, "Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera –principalmente el Ejército y Carabineros (la Policía Nacional)– están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional hoy al término de una misión de investigación en el país".

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dijo que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.

Agregó que “la responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.