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AMÉRICA | Defensa
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Informe sobre el Estado de Emergencia

Las FFAA de Chile niegan las violaciones a los DDHH denunciadas por Amnistía Internacional

Infantes de Marina realizando labores de seguridad en Valparaíso durante el Estado de Excepción Constitucional. Foto: Armada de Chile

Infantes de Marina realizando labores de seguridad en Valparaíso durante el Estado de Excepción Constitucional. Foto: Armada de Chile

22/11/2019 | Valparaíso

Nicolás García

Las Fuerzas Armadas de Chile emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan categóricamente las conclusiones del informe de Amnistía Internacional (AI) que acusa ataques generalizados y sistemáticos en contra de la población y uso innecesario y excesivo de la fuerza durante el Estado de Emergencia implementado en octubre a raíz de la convulsión social que afecta al país.

El documento del organismo de Derechos Humanos, presentado el jueves 21 de noviembre por su directora para las Américas, Erika Guevara, reporta una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y el empleo indiscriminado de armamento militar y no letal en el control de las manifestaciones que han dejado a la fecha más 2.300 lesionados.

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile (FACh) manifestaron "que no existió, ni existe ninguna política de las Fuerzas Armadas para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil" y que el reporte de AI "no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las Fuerzas Armadas en este sentido”.

Las instituciones señalaron que su actuación fue requerida por el presidente Sebastián Piñera "para el mantenimiento del orden público y la defensa de las personas en el marco de la ley y las Reglas del Uso de la Fuerza, frente a los ataques generalizados cometidos por grupos no identificados y que están siendo investigados, contra los medios de transporte público y los establecimientos que permiten el abastecimiento vital de la población, mediante la comisión múltiple y simultánea de graves delitos de incendio, robos y saqueos."

Estado de Derecho

 

Las Fuerzas Armadas recalcaron que durante la vigencia del Estado de Emergencia, que se aplicó en diversas regiones del país del 18 al 28 de octubre, nunca actuaron "con la intención de lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta social. Al contrario, su intención fue la de proteger a la población, los derechos de nuestros compatriotas y la infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos con altos grados de violencia que se estaban cometiendo".

Las ramas castrenses indicaron que en las manifestaciones del país fue un hecho público y notorio que personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) "pudo observar directamente su realización; que se respetó absolutamente la libertad de información sobre estos hechos, y la neutralidad de las informaciones que circulaban por internet".

En el documento de seis puntos, visado por el Ministerio de Defensa Nacional, se recordó que el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia "han recibido y procesado las denuncias y querellas que las personas afectadas y diversas organizaciones han presentado, incluyendo el INDH". 

Las instituciones manifestaron que "la efectividad de los hechos denunciados, y la eventual responsabilidad de quienes intervinieron en ellos, corresponde por tanto, ser aclarada por estos Tribunales de Justicia independientes, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, propios de un Estado de Derecho".

Compromiso con Chile

 

El Ejército, la Armada y la FACh afirmaron "que en ningún caso los mandos de las Fuerzas Armadas ordenaron o toleraron la comisión de delitos, ni han obstruido o impedido el actuar de los organismos de derechos humanos, ni de los Tribunales de Justicia".

Las Fuerzas Armadas enfatizaron que su política de actuación y las de sus mandos en este período "se ajustó plenamente a las normas que regulan el uso de la fuerza, en tales casos, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y gradualidad correspondientes, al mantenimiento del orden público, y las regulaciones que establecen el ejercicio del derecho a la legítima defensa propia y de terceros, particularmente de la población civil, atacada en sus personas y propiedades".

"Los soldados, marinos y aviadores se sienten orgullosos de la confianza depositada por los chilenos a través de la historia, y están comprometidos con su seguridad y bienestar, en cumplimiento de nuestra misión de defenderlos y servir a la Patria de acuerdo a la constitución y a las leyes", finaliza el comunicado oficial conjunto.

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