Relevan a jefe de Estado Mayor de la Marina del Perú investigado por enriquecimiento ilícito

27/06/2009 (Infodefensa.com) Lima - El Gobierno de Alan García decidió relevar al jefe de Estado Mayor de la Marina del Perú, vicealmirante Alberto Lozada Frías, después de que el pasado 5 de junio el juez César Vásquez Arana le abriera instrucción por presunto enriquecimiento ilícito y ordenara su detención.

La decisión fue publicada en el diario oficial "El Peruano" y tiene la firma del presidente Alan García, y el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz. Como consecuencia de ella Lozada ha sido puesto a disposición del Ministerio de Defensa.

Su remoción ha generado a su vez cambios en el alto mando naval.

En lugar de Lozada ha sido designado jefe de Estado Mayor de la Marina el vicealmirante Jorge de la Puente Ribeyro, quien ocupaba la jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

De la Puente es un oficial calificado en infantería de Marina. En el 2003 ascendió a contralmirante y se desempeñó como comandante de la Cuarta Zona Naval y Fuerza de Tarea 100. También fue director de Bienestar y director de Intereses Marítimos e Información. Ha sido, además, comandante de la Fuerza de Infantería de Marina. En el 2008 ascendió a vicealmirante y ejerció el cargo de inspector general de la MGP.

A De La Puente lo reemplazará el vicealmirante Reynaldo Pizarro Antram, que se desempeñaba desde enero de 2009 y hasta ahora como comandante general de Operaciones en la Amazonía. Dicho puesto lo asume el contralmirante Eduardo Camino Michelik.Alberto Lozada Frías, número uno de su promoción, se proyectaba como comandante general de la Marina a partir de enero de 2011. El pasado 27 de enero, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, denunció a Lozada y a su esposa, Bertha Castro, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.El caso originalmente se inició en 2005, cuando la Inspectoría del Consejo Consultivo de la Caja de Pensiones Militar Policial denunció que Lozada, quien ejerció la presidencia de dicho organismo entre 2003 y 2004, supuestamente utilizó dinero para gastos personales, así como otros bienes de la institución.Desbalance patrimonialUn peritaje contable practicado a los ingresos de Alberto Lozada y su esposa Bertha Castro por requerimiento del Ministerio Público detectó un presunto desbalance patrimonial de hasta 122.599 dólares.

De acuerdo con la denuncia de Echaíz, al levantarse el secreto bancario de las cuentas de Lozada y su esposa, se observaron mayores saldos patrimoniales de liquidez procedente de fuente no identificada, y a partir de 2003 se aprecia una mayor generación de ingresos que le permitieron cubrir mayores gastos. Al ser preguntado sobre el origen de los fondos, Lozada dijo que únicamente ha percibido en sus cuentas los sueldos que corresponden a un oficial de la Marina y como directivo de la Caja Militar. En efecto, según el peritaje al que tuvo acceso este diario, no se consigna que Lozada haya recibido fondos de otra fuente que no sea la Caja Militar y la Marina.Sin embargo, la fiscal Echaíz consideró que existía suficiente evidencia para denunciar a Lozada y su esposa por enriquecimiento ilícito.Peligro de fugaDe acuerdo con el documento de apertura de instrucción del juez César Vásquez a los que tuvo acceso el diario La República, el vicealmirante Lozada no sustentó convincentemente el origen lícito del dinero en sus cuentas bancarias.Vásquez atribuye a los denunciados haber incrementado desmesuradamente su patrimonio mostrando un desbalance patrimonial, según la apertura de instrucción. La autoridad ordenó el inmediato embargo de todos los bienes del oficial de la Marina.El magistrado Vásquez, para justificar la orden de captura que dictó contra Lozada y su cónyuge, argumentó que se evidencia que existen probabilidades de que los denunciados eviten la acción de la justicia o perturben la actividad probatoria, haciendo peligrar el éxito de las investigaciones judiciales.Lozada y su esposa se encuentran en condición de no habidos. Sus abogados, quienes consideran un exceso judicial suponer que el vicealmirante y su cónyuge podrán escapar del país, han apelado ante la Corte Superior la orden de detención. La destitución del vicealmirante Alberto Lozada Frías se produjo por iniciativa del Ministerio de Defensa y la Comandancia General de la Marina, al considerar que la justicia necesitaba todas las facilidades para cumplir con su misión.Lozada paralelamente afronta un proceso judicial por no haber denunciado al empresario Leopoldo Arosemena, a quien el Banco de Comercio de propiedad de la Caja Militar le hizo un préstamo de 6 millones de dólares que no habría cumplido en devolver de acuerdo con el contrato.

Gráfico fuente diario La República