​Aesmide aborda los retos de los contratos de servicios para la Administración y las empresas
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​Aesmide aborda los retos de los contratos de servicios para la Administración y las empresas

La jornada contó con expertos en contratación de los ministerios de Defensa y Hacienda
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Foto: Aesmide
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La asociación Aesmide, en colaboración con el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM), ha organizado una jornada con el objetivo de analizar, tras la entrada en vigor en 2018 de la Ley de Contratos del Sector público, los principales retos que la ley plantea en el ámbito de los contratos de servicios tanto a los órganos de contratación como a las empresas que los ejecutan.

La jornada comenzó con la bienvenida por parte de Alicia Alted Vigil, directora del IUGM/UNED y Gerardo Sánchez Revenga, presidente de Aesmide. El evento constó de dos partes. En la primera, debatieron sobre ‘La problemática práctica del contrato de multiservicios’, el general de brigada José Luis Sánchez Maldonado, jefe de Asuntos Económicos del MALE; Lamberto Fresnillo Lobo, director de la Asesoría Jurídica en Clece, y Miguel Pardo, secretario de la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Hacienda, moderados por Jorge Castejón González, auditor nacional.

En la segunda parte, analizaron ‘La problemática práctica del contrato de servicios de tecnología Fernando de Pablo, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid; Josep Aracil, director de Gobierno y Sector Público de Inetum; Rosa Alonso, subdirectora general de Contratación Centralizada de Tecnologías del Ministerio de Hacienda; y Álvaro Casillas Pérez, interventor delegado del Ministerio de Hacienda, moderados por el auditor nacional y codirector de Master de Gestión de Contratos y Programas del Sector con especial aplicación al ámbito de la Defensa, Justo A. Huerta.

En la primera parte, los ponentes destacaron la importancia y la complejidad del gasto público, reconociendo que la ley facilita suficientes herramientas para su aplicación, y que el órgano de contratación debe exigir una mayor calidad en el bien contratado, entendiendo que en este concepto concurren varios factores, pero subrayando que aplicar exclusiva o principalmente el factor precio se aleja de los objetivos de la ley.

También se comentó el impacto de las medidas extra contractuales en las condiciones de ejecución de un contrato, mencionando expresamente el caso del incremento del salario mínimo interprofesional. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado mencionó que, trasladada esta cuestión al marco de la responsabilidad patrimonial de la Administración, no resulta procedente compensar o indemnizar al contratista por el mayor coste que experimenta en la ejecución del contrato por consecuencia del incremento del citado salario mínimo.

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Además, abordaron otras cuestiones como la importancia del órgano de contratación, a quien la ley le exige importantes responsabilidades, llegando a calificarlo de “héroe”; la necesidad de un correcto planeamiento en el proceso, citando en especial el contenido de los pliegos y más concretamente el de cláusulas administrativas. Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de una actuación y relación flexible entre los órganos de contratación y los licitadores, subrayando que el contexto económico y social ha variado y que ello hay que tenerlo en cuenta.

Los participantes apuntaron la importancia de que en el proceso de contratación el licitador tenga conocimiento en detalle de los costes y resaltaron que el proceso a lo largo de las fases de preparación, ejecución y resolución es complejo, remarcando que la defensa del interés público debe estar presente en todo el proceso. También se planteó la cuestión de si el órgano de contratación debe velar por aspectos que son competencia de otros organismos (medio ambiente, protección de datos...).

Entre otros temas se abordaron las bajas desproporcionadas, un asunto que para los ponentes todavía no está resuelto del todo y que crea disfunciones indeseadas en la fase de ejecución o la especial relevancia de la UE A la necesidad de una profesionalización y colaboración de las partes para que el órgano de contratación pueda hacer eficazmente su trabajo. También se citó otra recomendación de la UE en el sentido de dedicar más tiempo a la fase de preparación que a la de ejecución para dar la máxima calidad al Contrato y evitar problemas posteriores.

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Respecto a los mecanismos para resolver un contrato, los intervinientes señalaron que en este aspecto la legislación española va más allá de lo que pide la UE y se recomendó la conveniencia de incluir en los pliegos las condiciones por las que podría resolverse un contrato, pues hacerlo facilitaría las gestiones llegado el momento.

Segunda mesa

En la segunda mesa, se incidió en que la normativa de contratación de servicios de tecnología es compleja, no solo por la complejidad que el proceso de contratación pudiera tener en sí mismo, sino además porque el recurso podrá tener un elevado grado de complejidad tecnológica. Por ello, se destacó la necesidad de personal muy especializado en el proceso, así como de disponer de un tiempo de contratación adecuado. Este asunto cobra una especial relevancia en el marco de los fondos europeos.

Los participantes aseguraron que la selección de las mejores ofertas es esencial, pero teniendo en cuenta que la más barata no tiene por qué ser la mejor, y reiteraron que dar excesiva relevancia al factor precio a veces distorsiona todo el proceso. Esta parte hizo referencia a los retos que a nivel contractual presenta el proceso de adquisición de necesidades (software, servicios, …) a través de la nube. Por ejemplo, servicios de uso de aplicaciones a través de Internet.

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Los desafíos más relevantes en el proceso de control y gestión son los siguientes: falta concreción en los pliegos, es muy importante trabajar en detalle los pliegos (PCAP, PPT ...); en ocasiones los asesores no tienen el necesario y detallado ‘expertise’ tecnológico de la necesidad a adquirir (un abogado por muy abogado que sea no puede ser experto en todas las ramas del Derecho); y dificultades para la confección del objeto del contrato.

También se profundizó en la necesidad de contar con personal cualificado, se recomendó que todas las instituciones participen desde el principio del proceso con la finalidad de que haya una adecuada coordinación e integración de esfuerzos y se definieron las ventajas de la contratación centralizada así como el modelo de acuerdos marco, junto con los contratos evolutivos, lo que brinda estabilidad contractual. Además, los ponentes apostaron por ser proactivo y tener en cuenta ante problemas planteados por las exclusividades técnica (por ejemplo, el software exclusivo) que al final lo importante es la utilidad y los datos.

Créditos europeos

Respecto a los fondos europeos, se dijo que es necesaria una adecuada planificación y agilidad en el proceso y es importante que los pliegos recojan con absoluta claridad lo que quieren los órganos de contratación para que las empresas licitadoras puedan trabajar. Asimismo, se lanzaron otros mensajes: preocupa conocer los detalles para poder gestionar los fondos adecuadamente y de manera óptima; hay que ser optimista en relación con efectuar el gasto de todo lo que conceda la UE en tiempo oportuno; España es el país de Europa con mayor capacidad de ejecución; y hay que adaptarse a las normas que dicte la UE, pero no será difícil pues el conocimiento y la experiencia en España son muy elevados. 




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