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AMÉRICA | Seguridad
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Casatel se enfrenta al Gobierno

Las empresas telefónicas de El Salvador piden la paralización del impuesto de seguridad

ley seguridad elsalvador

20/11/2015 | San Salvador

Alberto López

Las cuatro empresas de telefonía que operan en El Salvador, Claro, Tigo, Digicel y Telefónica, han solicitado a la Presidencia de la República un retraso de cuatro meses en la aplicación del nuevo impuesto a la seguridad en el país centroamericano.

Esta petición ha sido presentada al Gobierno salvadoreño, que todavía no ha dado respuesta. Mientras tanto, diversas organizaciones buscan declarar inconstitucional el impuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las cuatro empresas que conforman la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel) enviaron la semana pasada una carta al presidente Salvador Sánchez Cerén en la que reiteran su rechazo al nuevo impuesto al sector y señalan "inconvenientes y vacíos" para su aplicación.

Estas operadoras expresan que no tienen conocimiento de cuándo ni cómo se aplicará el nuevo gravamen, por lo que estiman necesario un periodo de al menos cuatro meses para asegurar la correcta aplicación de la

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