ministerio

El primero pide “continuar con las acciones destinadas a fomentar, preservar, apoyar y priorizar frente a industrias de terceros Estados, tanto los recursos industriales y tecnológicos de las empresas españolas del sector de la Defensa, como el desarrollo de la innovación en el mismo ámbito”. Además, apuesta por incluir “un conjunto de medidas destinadas a impulsar la base industrial tecnológica nacional de defensa, de modo que se pueda poner a disposición de nuestras Fuerzas Armadas los sistemas de defensa más modernos y adecuados a través del desarrollo temprano de tecnologías susceptibles de ser implementadas a tiempo en los futuros sistemas de armas y equipos”. El texto incluye una enmienda del PP con referencias tanto al modelo de financiación como a la importancia de aumentar la soberanía tecnología.

Tras la aprobación de los nombres, la multinacional tendrá un plazo de 30 días para convocar la junta extraordinaria donde se ratificarán los nombramientos, fijando en 14 miembros el consejo -al menos la mitad independientes-, y en el que además se nombrará previsiblemente a Juan Moscoso como tercer consejo de SEPI. Indra también llevará a la junta suprimir el voto de calidad del presidente.

Domenech, por su parte, ha destacado el desarrollo del sector con datos como que desde la aprobación de la normativa europea el pasado mes de diciembre de 2020, AESA ha registrado 90.000 pilotos, de los cuales un 20% están en Andalucía.

“España como miembro de la OTAN debe afrontar distintos retos y desafíos multidimensionales derivados o relacionados con este conflicto (crisis de suministros alimentarios, crisis energética, crecientes ciberamenazas, etc.), además de otros que indirectamente podrían incrementarse, como crisis migratorias instrumentalizadas o la proliferación de grupos armados no estatales, incluidos grupos terroristas”, argumenta el Gobierno. Crédito extraordinario Los 22 millones que Defensa invertirá en este contrato saldrán del crédito extraordinario que el Consejo de Ministros concedió el pasado 5 de julio al departamento para atender los gastos extraordinarios de las Fuerzas Armadas ocasionados por la invasión de Ucrania. La declaración de emergencia permitirá acortar plazos y acelerar el proceso de contratación.

 En mayo de este año, el consistorio local dio luz verde a otro convenio por el que autorizó una partida de 25 millones de euros destinada a tres proyectos; el vallado de la parcela, la redacción del proyecto de urbanización y los trabajos de preparación del terreno para la construcción de los edificios que conformarán la futura base logística.

Indra ha ampliado el alcance de las certificaciones de calidad de un total de 14 centros de trabajo, entre los que se encuentra el nuevo centro desde el que se desarrollan las actividades del programa NGWS/FCAS, el más avanzado y mayor programa de defensa europeo, según la compañía, coordinadora industrial del programa en España. La compañía ha superado recientemente el proceso de evaluación externa al que somete sus procesos de gestión e industriales para asegurar la máxima calidad y fiabilidad en todos los sistemas tecnológicos que desarrolla para los sectores aeroespacial y de defensa y seguridad. De esta forma, ha renovado las certificaciones de su sistema de calidad según las normas EN 9100/9110/9120, que acreditan el cumplimiento de los requisitos para las organizaciones de aviación, espaciales y de defensa, así como de mantenimiento de la industria aeronáutica; y Pecal 2110/2310, exigidas por la OTAN para asegurar la calidad en el diseño, desarrollo y producción de software y a los suministradores de aviación, espaciales y de defensa, respectivamente. El director de Calidad de Defensa y Seguridad de Indra, Félix Torres, explica que “el cumplimiento de los mayores estándares de calidad asegura la fiabilidad y calidad de los sistemas de Indra para el sector de la Defensa, que por su nivel de criticidad máximo deben ser capaces de operar en los entornos más exigentes y bajo condiciones extremas.

 “El contexto de la guerra de Ucrania pone en la ecuación la necesidad de disuadir a una potencia nuclear como Rusia”, aseguró, pero cuando “se habla de gasto en defensa también estamos hablando” del aumento de las retribuciones para la tropa y la marinería en 207 millones de euros en 2021 “que no se actualizaban desde 2005”, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que “tanto nos ha ayudado en los incendios y las catástrofes” o “de 100.000 empleos cualificados repartidos por toda España” de la industria de defensa.

El anuncio de la licitación para la compra de estos sistemas lo lanzó hace unos días la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior.

En total, está previsto realizar cinco o seis vuelo con 75 pallets de munición -unos 1.000 disparos completos- Como ya señaló ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la ministerial de Defensa de la Unión Europea, este suministro ha sido solicitado con “la más alta prioridad” por Ucrania. Igualmente, informa Defensa, en respuesta al requerimiento urgente de las autoridades ucranianas de material y uniformes para condiciones invernales, ya han partido los seis primeros camiones tráiler con el material preparado a lo largo del mes de agosto por el Pcami del Ejército de Tierra.

El pasado lunes, Díaz aseguró que el anuncio incremento no está recogido en el techo de gasto para 2023. Solo un día después, el martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, salió al paso de las declaraciones de Díaz y subrayó que el Gobierno cumplirá con el compromiso adquirido con la OTAN. "Se refería al techo de gasto y no a los Presupuestos", matizó Rodríguez.

La compañía de la familia Aperribay, al frente de esta iniciativa, se ha llevado por el momento 25,2 millones de euros para poner en marcha un proyecto en el que participan más de una veintena de empresas, entre ellas, otra firma del sector de la defensa, la gallega Urovesa.

Ambos proyectos aparecen recogidos en el acuerdo interministerial suscrito por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Seteleco), y el Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Estado de Defensa, para el desarrollo del proyecto de implantación de la red de transporte en uso dedicado de la conocida Infraestructura Integral de Información del Ministerio de Defensa (I3D) en su fase 1, la nueva red de comunicaciones de Defensa.

El objetivo es que este personal "pueda cumplir las funciones relacionadas con la seguridad de la circulación, reuniendo los requisitos necesarios para la obtención y mantenimiento de las distintas habilitaciones y autorizaciones establecidas por la legislación del Ministerio de Fomento".El acuerdo facilita además el transporte del personal militar mediante su bonificación por parte del Ministerio de Defensa, puesto que uno de los aspectos singulares de la condición de militar es la obligatoria movilidad geográfica derivada de la disponibilidad permanente por razones profesionales, concurriendo además la circunstancia de alejamiento de sus domicilios habituales.

Por último, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha subrayado que el elemento clave para vislumbrar una realidad en la que se llevaba trabajando mucho tiempo “ha sido conseguir unir voluntades que han llegado al acuerdo”.

Un éxito que atribuyó "al impulso decisivo de CEOE”, que la ha incluido entre sus 21 Iniciativas Estratégicas de País para la recuperación y transformación de la economía. El general Enseñat aseguró además que la futura base logística ha convertido "una necesidad en una oportunidad para diseñar y materializar la logística 2035, una logística 4.0", y explicó también que el objetivo es que sea “un proyecto transformador y tractor” y que el Ejército aspira a que las instalaciones sean en un “hub logístico del sur de Europa”. 

  La invasión rusa de Ucrania, añade, “pone de manifiesto que mientras bajaban los presupuestos en defensa en las democracias europeas estaban subiendo en las dictaduras y autocracias”.

El coste estimado de los trabajos asciende en concreto a 4.094.312,73 euros. Nuevo sistema de vigilancia en Melilla Otra de las actuaciones en marcha es la instalación de un nuevo sistema de vigilancia, tanto terrestre como aéreo y marítimo, para mejorar la detección, control y seguimiento de los intentos de entrada ilegal en España por parte de los inmigrantes que se concentran en el lado marroquí. Este proyecto tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros –impuestos incluidos- y contempla la instalación de cinco estaciones fijas de vigilancia (EFV, por sus siglas en inglés) en diferentes puntos de la ciudad y todos los elementos de apoyo al sistema.   48 millones en tres años  El plan de modernización, apuntan desde Interior, en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla impulsado por el Gobierno en 2019 ha supuesto la primera actuación integral y de modernización tecnológica acometida en la zona en las últimas décadas.

Trabajamos con una serie de software y hardware que tienen que ser mejorados en cierto grado y dotado de capacidades que ahora mismo no tenemos para dar respuesta a las necesidades que la capacidad operativa final demanda.  Dos puntos clave, por tanto, son la mejora de las instalaciones y el software Estamos actualmente en una pequeña parte de las instalaciones del Grupo Central de Mando y Control del Ejército del Aire, pero la intención es trasladar parte de la unidad a un edificio que hay que adecuar en primer lugar y además hay que hacer una serie de mejoras en las infraestructuras de la base aérea de Morón puesto que el radar por la vía del programa nacional va a ser mejorado, lo que conlleva incrementos en consumo eléctrico y extensión del campo de antenas que van a demandar recursos.  El plan también es mejorar el radar Sí, el radar ya está en el proceso de su primera mejora, pero hay también otras etapas posteriores para las que existe un planeamiento, coordinado con el CDTI del Ministerio de Ciencia, entidad civil que capta los fondos de la UE y de la Agencia Espacial Europea destinados a la mejora de las prestaciones del radar.

Desde el Ministerio de Defensa señalan que la compañía es referente nacional en el sector de la propulsión aérea y que está estrechamente ligada al mantenimiento de los motores de aeronaves que están en servicio en las Fuerzas Armadas. Valcarce recordó durante su intervención que “los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa suponen un gran impulso para la base tecnológica e industrial española, para nuestra economía y para la creación de empleo de alta cualificación profesional”. Por parte del Ministerio de Defensa también participaron en el evento el director general de Armamento y Material, almirante Aniceto Rosique, y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del aire Javier Salto, entre otras autoridades.

Dicha acuerdo permitirá al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) -organismo autónomo del Ministerio de Defensa-, financiar en concreto "la contratación de proyectos de obras en viviendas militares y otros inmuebles de su patrimonio, así como el reajuste de anualidades y revisiones de precios en obras en ejecución". El Gobierno, también en Consejo de Ministros, aprobó en octubre del año pasado el acuerdo por el que se autorizaba a adquirir compromisos de gasto con cargo a los ejercicios 2023 y 2024 para posibilitar al Invied la contratación de las obras de urbanización de la colonia, así como otros proyectos de inversión en viviendas militares y otros inmuebles de su patrimonio. El crédito autorizado en un principio para la anualidad 2023 se elevó a 19.736.753,26, que, como explica Defensa, "no es suficiente para adquirir nuevos compromisos derivados de nuevas obras, así como para llevar a cabo reajustes de anualidades y revisión de precios de obras en ejecución". La Subdirección General de Obras del Invied cuantificó la partida adicional necesaria en 3.617.000 euros.