Comercio avala a una empresa investigada por contrabando de material de Defensa y doble uso

La Secretaría de Estado de Comercio ha intercedido internamente por la compañía Goratu Máquinas-Herramienta, a la que se atribuye haber exportado, presuntamente, sin licencia material de defensa y doble uso a Irán y a la India. Según la investigación, la compañía habría enviado dos cañones de carros de combate a la India y dos tornos modificados para desarrollos militares a este mismo país y a Irán.

Según información a la que ha tenido acceso el periódico El Mundo, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, hizo llegar de forma interna, el pasado 1 de abril, su discrepancia con las interpretaciones legales realizadas por los investigadores, el juez y la Fiscalía, y mostró su interés en que los peritajes de los dos productos hoy retenidos por orden judicial se realizasen lo antes posible para que Goratu pudiera, en caso de que se corroborara la interpretación del secretario de Estado, “solicitar el levantamiento de la paralización del envío”.

El diario señala que el Ministerio de Defensa, por su parte, ha respondido al juez que investiga el denominado caso Altxatu que no está capacitado para acreditar con precisión si un cilindro es un cañón para un carro de combate o es otro tipo de objeto. Ante la solicitud del magistrado a la Dirección General de Defensa y Armamento, este departamento respondió que la DGAM “no dispone ni de medios técnicos ni de polígonos de tiro para determinar las características, estado de conservación y funcionamiento del cañón de 125 mm”, aunque se ofreció, si el juez lo considerase conveniente, a realizar una inspección visual.

Un tubo con aspecto de cañón

Los hechos se remontan al 30 de septiembre de 2014 cuando, en el marco de la operación Altxatu, dirigida por el juez del número 2 de Eibar, la Guardia Civil registró la sede de la empresa Goratu dedicada a la fabricación de máquinas-herramienta. La documentación incautada en el registro llevó a que dos meses después, el 27 de noviembre, los funcionarios de aduanas, alertados por los investigadores, interceptaran en el puerto de Bilbao un envío sospechoso de la compañía guipuzcoana dirigido a la Field Gun Factory, una fábrica de artillería del Ministerio de Defensa de la India. Se trataba, presuntamente -eso es lo que está por determinar pericialmente-, del cañón de un carro de combate T-90 y del torno computerizado que había sido utilizado para su fabricación.

Según las fuentes consultadas, meses antes la compañía Field Gun Factory había enviado a Goratu un tubo de metal, los planos descriptivos y detallados de un cañón y el anagrama del Ministerio de Defensa de la India que debía ir estampado en el tubo una vez transformado. El objetivo de la compañía india era comprobar si Goratu podía construir los tornos adecuados para fabricar los cañones de los carros de combate T-72 y T-90, en servicio en el ejército del país asiático.

En respuesta a esta petición, la empresa español envió a la India un tubo embalado en una caja en la que un distintivo indicaba que se trataba, precisamente, de un cañón T-90. En el mismo lote viajaba un torno modificado al que le habían sido incorporados mandrinadores expansibles del calibre del cañón y sondas de medición. La propia empresa fijó el precio del torno en 1.606.000 euros -un torno estándar, no modificado, cuesta unos 500.000 euros menos, según los expertos- y el del presunto cañón en 53.571 euros.

Sin embargo, los responsables de Goratu no pidieron una licencia de exportación de material de defensa a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (Jimddu), el organismo encargado de concederlas, porque consideraba que “el torno Géminis, cuyo destino es el Sr. general manager ordenance factory, Kalpi Road, Kanpur (India), es de tecnología civil y no de doble uso”.

La India no es un país que, como Irán, haya tenido vetadas las exportaciones, pero los investigadores consideran que la empresa guipuzcoana puede haber incurrido en un delito de contrabando, primero por no haber solicitado licencias para ninguno de los dos artefactos, y segundo, porque aunque finalmente el tubo no fuese un cañón -como parecen indicar los documentos incautados- y sólo fuese una pieza de forja semielaborada, según la ley se estaría tratando de una exportación, sin permiso, de material de Defensa.

Para aclarar todos estos extremos, el juez paralizó cautelarmente en diciembre la exportación en una orden enviada al Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria y solicitó a Defensa el peritaje del torno y del cañón.

Sobre el cañón, la Dirección General de Defensa y Armamento respondió en un escrito remitido en marzo que no tiene ni medios técnicos ni polígonos de tiro para comprobarlo. Respecto al torno GHT-9G4, Defensa le recordó al magistrado que «la competencia para determinar si tiene la consideración o no de material de Defensa corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Jimddu, la Junta interministerial de Material de Defensa y Doble Uso», cuyo último responsable es el secretario de Estado de Comercio.

Discrepancias entre García-Legaz y los investigadores

En abril, el secretario de Estado de Comercio, en una comunicación interna dirigida a la dirección de la Guardia Civil, admitió que la empresa no había solicitado ningún tipo de autorización, ni para importar el tubo ni para exportar el cañón y el torno, pero discrepó de la valoración técnica y legal de los investigadores.

García-Legaz, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa, considera que «el torno que Goratu desea exportar a la India no puede ser catalogado como un equipo de producción diseñado especialmente o modificado para la producción de los productos militares que aparecen incluidos en la lista de control española (como material de Defensa)». Sostiene también que no se le pueden aplicar los artículos que los agentes han aplicado a Goratu, «ya que no se cumplen conjuntamente los dos requisitos exigidos, como son que el uso final sea militar y que el país de destino esté sometido a un embargo de armas». «La primera de las condiciones sí se da, pero la segunda no en el caso de la India».

García-Legaz recordó que Defensa ya ha comunicado que no tiene medios técnicos para pronunciarse y pidió que los departamentos con competencias en comercio exterior -su departamento- se encarguen del asunto. El responsable de Comercio mostró su interés en que el peritaje no se demore para que, en su caso -si se demuestra que su interpretación es la válida-, el envío de material pueda realizarse lo antes posible.

En la misma operación Altxatu habría quedado documentado, por otra parte, que antes de la incautación en el puerto de Bilbao la empresa guipuzcoana ya había enviado, sin licencia, otro cañón a la India y que en 2010 remitió a Irán, también sin licencia, un torno modificado.

Fotos: El Mundo