Colombia prorroga la prohibición de portar armas en 2023
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Colombia prorroga la prohibición de portar armas en 2023

El 91% de los homicidios con armas de fuego en el país se perpetran con equipos que provienen del mercado negro
Porte de armas Colombia. Foto Infodefensa
Porte de armas Colombia. Foto Infodefensa.com
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El Ministerio de la Defensa colombiano, mediante el decreto 2633, ha extendido por un año más, entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2022, la prohíbición del porte de armas en el país, con el argumento de que "Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés general, que consagra como uno de sus fines esenciales, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos".

Sin embargo, la percepción de la realidad en materia de seguridad por parte de los ciudadanos es contraria a las estadísticas, y ven en dicho decreto una medida opuesta a la misma, con la cual el Gobierno pretende esconder que un altísimo porcentaje de homicidios con armas de fuego se llevan a cabo con armas que provienen del mercado ilegal  (91%), comercio que crece debido a los vacíos jurídicos y penales que afectan el accionar policial.

Mayor inseguridad

La lentitud por parte del estado en la reforma de la justicia, la congestión en la resolución de procesos, la burocracia y los trámites, ha generado un aumento en la necesidad –por parte de la población- de solicitar la tenencia o el porte de un arma legal, pero por las trabas impuestas por las sucesivas restricciones no le dejan salidas diferentes a hacerlo de manera ilegal con el fin de protegerse y defenderse, lo que redunda en el auge del mercado negro y en un aumento de la inseguridad. 

Por otro lado, si bien es cierto que el gobierno tiene puesta en la mira las zonas rurales que son el foco de violencia debido al auge de los cultivos para la elaboración de narcóticos y su comercialización, es también un hecho que la inseguridad está en aumento en las principales poblaciones (capitales e intermedias) del país a pesar de la implementación de planes de seguridad por parte de Alcaldías y Gobernaciones, pero que por sí solos son insuficientes para garantizar los niveles de convivencia y seguridad ciudadana que demanda en la actualidad la población colombiana y que se espera aumenten con la aplicación de la nueva política de Seguridad Humana.



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