Embraer y Finmeccanica, en un huracán de sospechas por sobreprecios en Centroamérica y el Caribe

(Infodefensa.com) Por Alberto López, San Salvador – Las empresas Embraer y Finmeccanica se encuentran en medio de serias sospechas de haber atribuido un sobreprecio a sus equipos en ventas concretas en República Dominicana y Panamá, mientras que en Guatemala la compra de seis aviones de ataque ligero Embraer EMB314/A-29 Súper Tucano, por 133 millones de dólares, fue revertida el pasado 17 de noviembre, según confirmó el Presidente Otto Pérez, debido al sobreprecio detectado y a la falta de aclaración sobre el costo real de las aeronaves, por parte de la compañía aeroespacial brasileña.

Quizás la más señalada ha sido Embraer, con el caso más reciente en Guatemala, donde el Presidente Pérez indicó a medio año de un aparente sobreprecio detectado de alrededor de diez o doce millones de dólares, en la adquisición de la flota de aeronaves, la cual fue tramitada en la administración de su antecesor, Álvaro Colom (en el periodo presidencial de 2008 a 2012), y que incluye también la compra de radares de la española Indra, cuya transacción se mantiene, por una inversión total de alrededor de 170 millones de dólares, incluyendo los aviones.

Pérez confirmó que se pagará un poco más de 300 mil dólares por no haber hecho uso aún del préstamo, tramitado con bancos de España y Brasil, pero que ya había girado instrucciones al ministro de Finanzas y que era preferible pagar el sobreprecio.

Pérez declaró que en su visita a Israel de esta semana busca la cooperación o compra con Israel de aeronaves y otras armas necesarias para la seguridad pública y la defensa nacional.

Sin embargo, tampoco se descarta el arreglo de alguna flota de aeronaves ya existente en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), posiblemente de los modelos israelíes de aviones de carga Aravá o de los de ataque ligero, como los estadounidenses Cessna A-37B Dragonfly, como los que El Salvador compró a Chile por 8,6 millones de dólares y recibirá en el primer trimestre del 2014.

Mientras, el mes pasado, también se conoció en República Dominicana que la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero, calificó como grave la denuncia hecha sobre el presunto pago de soborno a las autoridades dominicanas para el contrato de compra a Brasil de ocho aviones Súper Tucano, transacción realizada en 2008 con un préstamo de 93,7 millones de dólares, el cual fue aprobado por el Congreso Nacional en ese momento.

Guerrero dijo que el departamento que dirige tiene informaciones de diferentes fuentes sobre la posible sobrevaluación o un soborno en el caso de los Súper Tucano, por lo que a su juicio es una denuncia grave por la suma envuelta.

A pesar de eso, la funcionaria sostuvo que será en el transcurso de la investigación, cuando el Ministerio Público verificará la suma real.

Expresó que es una investigación recientemente iniciada y que inicialmente no se ha llamado a nadie para fines de investigación, pero que en su momento serán requeridos para sustentar las investigaciones que llevan a cabo.

“Estamos en el proceso de completar la parte documental de la investigación y serán requeridos en los próximos días las documentaciones a los organismos que pueden aportar en la pesquisa”, indicó Laura Guerrero.

La funcionaria no descartó solicitar informaciones a Embraer, así como cooperación internacional tanto en Brasil, en Estados Unidos, y de los organismos institucionales de Republica Dominicana que están involucrados en lo que fue el proceso de venta y compra de los aparatos.

Rehusó opinar sobre la cantidad de personas que podrían estar envueltas en la investigación, tras señalar que es una etapa muy temprana de la pesquisa para brindar la cifra. “Es una investigación abierta, porque ahora mismo no hemos identificados los responsables”, agregó.

En ese sentido, de acuerdo con documentos legales obtenidos por la agencia Reuters, las autoridades de Estados Unidos y de Brasil están investigando si Embraer sobornó a funcionarios de Argentina y de República Dominicana a cambio de contratos para vender aviones comerciales y de defensa.

En una información publicada en Sao Paulo y Washington, la agencia de noticias Reuters establece que las investigaciones involucran la venta de 20 aviones de pasajeros a la aerolínea estatal argentina, con un valor de unos 900 millones de dólares, según los precios de venta de Embraer, y un acuerdo por unos 92 millones de dólares (Reuters refleja una cifra un tanto menor de los 93,7 millones de dólares que menciona la Fiscalía dominicana) con las Fuerzas Armadas de República Dominicana por ocho aviones ligeros de ataque Súper Tucano.

No se especifica, sin embargo, el presunto sobreprecio señalado en ninguno de los casos, como si ha sido especificado en Guatemala, pues el mandatario guatemalteco se ha referido a diez o doce millones de dólares de más.

Un contrato por más de 400 millones de dólares que Embraer se agenció con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, en inglés), para proveer también del Súper Tucano y ser suministrado a la naciente Fuerza Aérea afgana, fue puesto en tela de juicio por el fabricante estadounidense Beechcraft. Pero tras la protesta de no haber seguido los procedimientos de adjudicación pertinentes, el contrato quedó firme a principios de este año, a favor de la brasileña.

Embraer solo ha respondido a la consulta de Infodefensa.com en cuanto a la visita a Guatemala para esclarecer el precio del Súper Tucano (consulta hecha antes del anuncio de Presidente Otto Pérez desistiendo de la compra), vía correo, que “Embraer Defensa y Seguridad no tiene comentarios sobre este tema”.

Por su parte, Panamá ha manejado la sospecha también de sobreprecio y supuestos sobornos para la compra de seis helicópteros AgustaWestland AW139 y 19 radares de la italiana Finmeccanica, equipo, cuyo valor de inversión se calcula en 250 millones de dólares, que ya fue entregado y se encuentra en operación en el país centroamericano.

De hecho, en Italia se sigue un proceso judicial contra ex ejecutivos del consorcio de ese país, de lo cual la compañía se ha desmarcado y se encuentra colaborando con la investigación.

En cambio, en Panamá, a inicios de noviembre, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un fallo unánime, archivó de manera definitiva una investigación sobre irregularidades en la compra de los 19 radares por un monto de 125 millones de dólares.

La pesquisa se inició luego de una denuncia contra el ministro de Seguridad panameño, José Raúl Mulino, por supuestas irregularidades en la compra hecha a la empresa italiana Selex Sistemi Integrati, filial del conglomerado Finmeccanica.

Así las cosas, más allá de que se trate de una realidad o solo sean sospechas sobre los supuestos actos de corrupción para obtener contratos millonarios por la venta de equipos, los señalamientos ponen de manifiesto la debilidad en cuanto a la transparencia y probidad de los países latinoamericanos para asegurar así procesos de licitación sin lugar a dudas o cuestionamientos futuros. Esto puede alejar también a empresas, ya sea las mencionadas u otras, que manejan estrictos marcos de Compliance o Cumplimiento, sobre todo en Estados Unidos. Y no tanto porque sea lo ético, lo conveniente o lo mejor, necesariamente, sino porque pueden responder a leyes penales de sus respectivos países si incurren en procesos de corrupción.

Aparte, también se percibe cierto nivel de desinformación en algunos Estados en cuanto a los paquetes de armamento o no con que se equipe a las aeronaves, lo que aumenta o no sus precios finales de entrega; además de otros equipos, como cámaras, navegación, etc., que también pueden modificar su costo de catálogo de únicamente el aparato sin equipamiento.