Disyuntiva en el Caribe colombiano: diplomacia o disuasión efectiva

(Infodefensa.com) Erich Saumeth* – La reciente gira del ministro de la Defensa colombiano por Centroamérica y el Caribe ha sido, tal vez, el primer indicio de que por fin han comenzado a definirse los objetivos geopolíticos -ausentes a la fecha- que esta nación pretende materializar en esta región, que sólo y hasta ahora parece haber  redescubierto.

En efecto, el estado colombiano, se había limitado a la implementación de medidas que buscaban solamente el cumplimiento de acuerdos y políticas antinarcóticos, dirigidas exclusivamente al control del tráfico de estupefacientes por esta amplísima zona, evidenciando la falta de una política coherente diseñada para el cabal ejercicio de la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, así como de los demás territorios insulares y aéreas marinas y submarinas.

Se dejó entonces de lado la adopción de medidas que estuviesen orientadas a recordarles a los connacionales, así como a los países vecinos, que sobre esos territorios no podría haber o existir ningún tipo de discusión en torno a la legitimidad de los derechos colombianos sobre los mismos, acudiendo por el contrario, a una tenue y equivocada defensa ante organismos trasnacionales, con la tradicional excusa de que este país es respetuoso y garante del derecho internacional.

Ese pretexto que aún después del desfavorable fallo del 19 de noviembre de 2012, intentó seguir siendo utilizado, ha puesto en grave riesgo no sólo los intereses –y derechos- colombianos en el Caribe, si no peor, ha dejado a un grupo raizal de personas y a un sistema eco marino único en el mundo, a expensas de las pretensiones geopolíticas de otra nación sin ningún vinculo histórico, político o cultural con el archipiélago y cuyo único objetivo es el de crear una zona para la explotación comercial de los recursos marinos y energéticos.

La reciente negación al cumplimiento del fallo ha sido la etérea respuesta brindada a casi diez meses de haberse dado el mismo, acompañada de acusaciones de expansionismo que sólo ahora parecen haber sido descubiertas y cuyas consecuencias están aún lejos de ser comprendidas y mucho menos dispuestas a ser afrontadas.

Y podemos afirmar lo anterior, porque a pesar de los más que evidentes intereses que otros países tienen en esta zona en particular, Colombia ha demorado, más por razones políticas que estratégicas, en tomar o dar los pasos necesarios para comenzar a proyectar un real y efectivo poder naval en sus todavía áreas jurisdiccionales, con el fin de enviar un mensaje claro y dar por sentado su decisión de defender de manera completa y absoluta –aún por la fuerza- su soberanía sobre el Archipiélago reclamado y en disputa.

De hecho, la posición colombiana debería estar orientada a afirmar –y no sólo por la vía diplomática- que no puede ni debe haber ningún tipo de discusión en torno a sus territorios y aguas en la región, a partir del desconocimiento e inaplicabilidad de un fallo contrario no sólo a sus intereses, sino además a la razón jurídica.

Y la mejor forma de hacer esto es comenzado a proyectar poder naval disuasivo, a través de la materialización de la fase dos del Plan Orión, del Plan Puente y del Plan Faro. El Plan Orión 2, sin embargo, debería ser ampliado, con el fin de poder dotar a las Fragatas FS1500 de sistemas CWIS y sistemas SAM de alcance intermedio, pues el déficit en cobertura antiaérea (salvo de baja cota) en estas embarcaciones, las hacen particularmente vulnerables a ataques aire-superficie y superficie-superficie. También es urgente terminar con el proceso de modernización de sus sistemas anti buque (nuevo SSM-700K) y con el inicio del proceso de reemplazo del actual sistema de comando y control por el nuevo Combat Management System BAE CMS-1, recientemente presentado y demostrado a la ARC.

Por su lado, la implementación del Plan Puente debería acelerarse, mediante la adquisición de por lo menos dos nuevas fragatas del tipo FFG (Plan Puente 1, 2014-2019), aprovechando no sólo la coyuntura actual, si no a la disposición en el mercado de segunda, de naves de estas características, que sumadas a las FS1500 y a una flota de cuatro submarinos tácticos (U209A y U206A para defensa costera y bloqueo naval), le brindarían a la ARC los medios disuasivos efectivos con los que garantizar el pleno ejercicio y control de las aéreas ahora en peligro. En este sentido, la Armada ha establecido que con una disponibilidad operacional del 70% de sus medios, podrían cumplirse con las misiones asignadas (Fuerza Defensiva Oceánica-FDO), postergando de acuerdo a los planes previstos, la compra de otras dos FFG (Puente 2).

Lo anterior también ha dado impulso al rediseño de las OPV Clase 20 de Julio, que serán modificadas ampliamente para una nueva versión de esta nave (OPV 2) prevista para entre 2014 y 2019, que aumentará en tamaño (extensión de la Popa de 10 a 20 metros) y potencia de fuego (cañón Oto Melara de 76/62 mm), todo con el fin de reforzar el patrullaje a lo largo del meridiano 82, siendo además muy posiblemente dotadas para ello del sistema aeronaval Sikorsky SH/MH-60 Seahawk (S-70B), habiendo también a la fecha ofrecimientos de venta del Super Lynx MK-88A.

El nuevo sistema aeronaval potenciaría a la ARC, pues la dotaría de capacidades de tiro  trans-horizonte contra blancos de superficie, así como de capacidades ASW, USW (guerra antisubmarina y submarina) y ASUW, que a bordo de las OPV 2, convertirían a esta plataforma en un medio efectivo para la defensa y/o de ataque preventivo.

En este mismo sentido, los planes en materia aeronaval hacen énfasis en el refuerzo de los medios de ala fija, con –y según las proyecciones- cuatro helicópteros navales medianos y ocho pesados de transporte, así como la constitución de un escuadrón dotado de seis patrulleros marítimos, equipados con el sistema FITS, para la vigilancia marítima y el control de la zona económica exclusiva (EADS-CASA C-295 Persuader), estando entonces el esfuerzo dirigido a contar con plataformas de vigilancia y con medios que puedan colocar misiles aire superficie “más allá del horizonte”.

Estos planes se desarrollan con base en la estrategia pentagonal de la ARC, sin embargo los equipos por sí solo no pueden responder ante una amenaza –presente o futura- si no hay voluntad política, guiada a tomar las decisiones necesarias –uso de la fuerza, incluso preventiva- para la defensa de la integridad territorial, mandato constitucional de estricto  cumplimiento.

Todas estas consideraciones se han hecho y son objeto de constantes observaciones y análisis, por ser claro que existen en el Mar Caribe, países con objetivos estratégicos positivos, relacionados directamente con territorios insulares, marinos y submarinos colombianos, situación agravada por resoluciones jurídicas contrarias y por una vacilante y errante estrategia geopolítica.

Por lo anterior, es necesario desarrollar una si objetiva, congruente y definitiva visión sobre el Caribe y sobre lo que se desea hacer con el mismo, a partir de su permanencia como territorio insular y marítimo colombiano. Ante esto es evidente que deben asegurarse –a futuro- capacidades militares estratégicas, que permitan una efectiva defensa de intereses y territorios, y congruentes con una visión geopolítica para la zona.

Urge entonces la pronta toma de estas decisiones, esperando que la actual administración no solo sea consciente de ello, sino de que además sea capaz de pasar de las palabras a los hechos, cuando finalmente llegue a ser necesario.

*Erich Saumeth Cadavid es magister en Estudios Políticos, especialista en Estudios Político-Económicos y diplomado en Estudios Geopolíticos.