Perú extiende el apoyo de las FFAA a la Policía en operaciones contra la minería ilegal

El Gobierno del Perú ha extendido la interveción de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú para asegurar el control y mantenimiento del orden interno y para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales especializadas contra la minería ilegal y delitos conexos, en el ditrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, cerca a la frontera con Ecuador.

La extensión se ha otorgado por un período de 30 días calendario, desde el 2 de junio hasta el 1 de julio de 2021. El rol que desempeñan las Fuerzas Armadas del Perú constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional del Perú y no la releva en el desempeño de sus funciones en el control del orden interno.

El objetivo principal de las funciones de apoyo de los institutos armados es garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridades personales, la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada en el distrito de El Cenepa por las actividades de la minería ilegal.

La minería ilegal en el Perú ha generado un gran deterioro ambiental en la región de Madre de Dios, zona de densa selva en el sureste del país andino, al utilizar insumos como el mercurio de gran efecto contaminador sobre los cursos de agua cercanos y el propio terreno, pero también depreda los bosques de la selva peruana, ocasionando grandes descampados en zonas donde anteriormente proliferaba la flora y fauna.

Otro de los objetivos de la intervención policial y militar en la región Amazonas, al otro lado de Perú, es precisamente evitar tales tan negativos efectos sobre el medio ambiente. 

En adición, la minería ilegal no contribuye con las arcas fiscales peruanasa través del pago de impuestos, por el contrario, buena parte de los metales extraídos son exportados ilegalmente a otro paises, como Bolivia. Tampoco se les puede realizar actividades de control por su naturaleza ilegal, sino a través de intervenciones policiales, y genera una serie de delitos conexos como la trata de personas.