Nuevas fronteras interiores
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Nuevas fronteras interiores

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(Especial Ceeag para Infodefensa) En 1994, el Ejército elaboró un estudio sobre las fronteras interiores de Chile, elaboró el mapa respectivo y realizó un seminario en la Academia de Guerra. Lo fundamental de ese esfuerzo fue establecer aquellas áreas del país donde -por diversas causas establecidas en el estudio- las personas no tenían la posibilidad de acceder al bienestar general como ocurría en otras latitudes del país o, de ser posible, la hacían en forma precaria. Entregado al gobierno, una importante cantidad de las medidas propuestas fueron consideradas como necesarias para disminuir esa brecha. Muchas se han materializado y, en el contexto de la integración física nacional, la institución ha tenido una participación destacada.

En esa oportunidad, el análisis se efectuó desde una mirada geopolíticamente tomando como base la estructura comunal. Hoy, a más de 20 años de ese trabajo, el país ha cambiado y un fenómeno social distinto; pero que también crea fronteras interiores, se ha ido configurando en ciertas urbes, limitando la posibilidad de progreso a ciertos sectores poblacionales, no solo por la precariedad de los servicios básicos disponibles sino que, más grave aún, por ser víctimas directas o indirectas de los severos efectos, entre otros, de la ausencia de núcleos familiares sólidos; de la deserción escolar; del tráfico y consumo de drogas; de la prostitución y de la acción de grupos armados que ejercen un violento y estricto control de los correspondientes territorios. En ese escenario, una causa importante la encontramos en la migración tanto interna como la que proviene del exterior produciendo el desplazamiento de personas hacia esas áreas, sirviendo así de base potencial para la conformación de fronteras internas, puesto que ambas migraciones tienen un denominador común: la esperanza de una vida mejor. Por consiguiente, de no lograr ese anhelo, las frustraciones pueden impulsar la realización de acciones que provocan inseguridad y daño.

Específicamente sobre la migración externa, en el reciente seminario ¿Qué sabemos de los chilenos? Los Nuevos Chilenos organizado por la Asociación Nacional de Avisadores, el Jefe Nacional del Departamento de Extranjería y Migración señaló que estos migrantes ocupan hoy un 2,3% en la población nacional, guarismo que continuaría aumentando con respecto a otros países del continente. De aquellos, 3 de 4 provienen de países sudamericanos y el 72% de las visas son por razones de trabajo. Sus principales lugares de residencia son nuestra capital y ciudades de las regiones extremas del norte. Dentro de estas últimas, recordemos que en Iquique y Antofagasta se han desarrollado verdaderos barrios independientes.

Sin duda, la información entregada por esa autoridad da claras luces sobre el movimiento migratorio proveniente del exterior que a diario es posible comprobar en las calles de muchas ciudades, no sólo por la circulación de personas que obedecen a rasgos distintos al común de los chilenos, sino también a través de su manifiesta y cada vez mayor presencia en actividades como el comercio ambulante o en el sector servicios. No obstante lo anterior, cabe destacar que esa información corresponde básicamente a cifras de migrantes extranjeros autorizados para desarrollar actividades en el país. Empero, son los migrantes ilegales -en conjunto con ciudadanos chilenos- quienes contribuyen al desarrollo de bolsones poblacionales aislados, realidad que en distintas ocasiones ha sido expuesta por los medios de comunicación social. Lo preocupante, en fin, es que la conformación de estas fronteras internas ha ido en aumento, especialmente en Santiago y principales ciudades del norte grande.

Frente a esa realidad y su proyección futura, es imperioso establecer una clara posición de la sociedad y el Estado con el objeto de contener su nocivo desarrollo. Dentro de otras medidas, deberían aumentarse decididamente las acciones de control de migrantes con posterioridad a su ingreso al país, evitando permanencias fuera de los plazos autorizados, como también definir y aplicar formas de acción tanto con el objeto de “conquistar” estas nuevas fronteras y recuperar esos espacios para permitir el progreso social, como para disuadir la intención de conformarlas, impidiendo así el perjuicio que provocan en quienes son víctimas de su existencia.

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