SERVICIOS

• Perfil del lector
• Catálogo
• Multimedia
• Especiales
• Agenda
• Documentos
• Comunicados
• Contratación

El Gobierno español ha aprobado en plena crisis del Covid-19 una nueva regulación de inversiones extranjeras directas. En un artículo publicado en Infodefensa.com, Inés de Alvear Trenor, socia de la práctica de derecho mercantil de Prolaw Abogados, analiza las modificaciones introducidas en la legislación y pone el foco en los requisitos que deberán cumplir a partir de ahora este tipo de operaciones. 

A este respecto, advierte de que las empresas deben tener en cuenta que “con la nueva regulación recientemente aprobada en el marco del Covid-19, cualquier inversión de no residente en la Unión Europea (UE) y Asociación Europea de Libre Comercio -AELC- (incluso cuando la inversión se produzca de forma indirecta, utilizando vehículos con domicilio en la UE) puede estar sujeta a aprobación ex ante por la Administración”. 

Por tanto, añade, “si está inmerso en negociaciones con inversores extranjeros o prevé que pueda estarlo en el futuro inmediato, le recomendamos que realice un análisis pormenorizado de la operación y su eventual sujeción a autorización previa, pues no solicitar la autorización cuando ésta sea preceptiva, realizar la operación antes de que sea autorizada o hacerlo incumpliendo las condiciones que la autorización exija, tiene serias consecuencias que van desde la invalidez jurídica de las inversiones no autorizadas hasta la imposición simultánea de multas que podrían llegar al contenido económico de la operación”. 

De Alvear hace un repaso por los diferentes sectores a los que afecta la regulación y analiza el tipo de inversor extranjero podría tomar una participación y el origen de dicho inversor. También pone el foco en el tipo de inversión y el importe de la misma.  

En la parte final de análisis, esta experta en las empresas del sector de la defensa y la seguridad destaca que la nueva legislación presenta una serie de dificultades para su aplicación efectiva.  

“En todo caso, dadas las prisas con que la nueva regulación de Inversiones Extranjeras Directas ha sido aprobada, el hecho de estar su desarrollo reglamentario pendiente, la falta de previsión de eventuales condiciones para proceder con la aprobación de las inversiones, las múltiples dudas de interpretación que su redacción incorpora y la posibilidad de que se vea complementada por determinados aspectos previstos en el Reglamento (UE) 2019/452, podemos anticipar que no resultará fácil interpretar su aplicación ni los criterios que pueda en un futuro establecer la Administración al efecto”, subraya. 

Leer el artículo completo