La Organización de Estados Americanos y Canadá apoyarán política de seguridad salvadoreña

(Infodefensa.com) Por A. López, San Salvador – La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Canadá apoyarán la política de seguridad de El Salvador, según se confirmó en un comunicado oficial de la OEA, este martes en San Salvador, en el marco de la 41ª Asamblea General que se celebró en la capital salvadoreña, entre el 5 y 7 de junio.

En ese sentido, la Asamblea de la OEA aprobó la noche del martes la declaración de San Salvador en materia de Seguridad Ciudadana para las Américas.

Parte del texto de la declaración de los 35 Estados miembros del organismo hemisférico manifiesta que “los estados debemos generar condiciones adecuadas para que nuestras poblaciones tengan mayor acceso a oportunidades de educación, capacitación, empleo, cultura, deportes y recreación, factores esenciales para prevenir la delincuencia y la violencia”.

Las áreas sobre las que se basa el trabajo son las de seguridad regional, lucha contra la pobreza, integración económica y depuración de las instituciones.

El acuerdo de la OEA estableció una responsabilidad primordial de los Gobiernos para crear políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en áreas de prevención, persecución del delito, rehabilitación, reinserción y fortalecimiento de las instituciones del combate al crimen.

En esa línea de trabajo conjunto de los estados miembros de la OEA, el Secretario General del organismo continental, José Miguel Insulza, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Manuel Melgar, firmaron este mismo martes, horas antes de suscribirse la declaración de San Salvador, un acuerdo por medio del cual la institución continental prestará asistencia en la implementación de la política nacional de seguridad del país centroamericano, iniciativa que cuenta además con la cooperación de Canadá.

Se desconoce el monto de financiación del acuerdo, el cual será aportado también por el Gobierno canadiense a través de su Programa de Fortalecimiento Institucional para la Prevención del Crimen (ACCBP por sus siglas en inglés).

El acuerdo establece un marco regulatorio dentro del cual la OEA efectuará una evaluación del sistema nacional de seguridad de El Salvador para, posteriormente, formular medidas concretas que permitan su fortalecimiento.

“Hemos acordado iniciar un primer esfuerzo estableciendo las instancias que haya que mejorar y un análisis de cómo estamos impulsando la política. Este es un importante apoyo que vamos a recibir y nos sentimos agradecidos por este aporte”, dijo el ministro Melgar.

Por su parte, Insulza explicó que el propósito de la OEA es “poner a disposición de las autoridades la asistencia técnica que requieran y diseñar un programa de cooperación orientado a fortalecerlo”.

La información de la OEA agregó que su Secretaría de Seguridad Multidimensional se encuentra desarrollando una serie de acciones orientadas a dotar a los estados miembros de herramientas que les permitan enfrentar las amenazas y desafíos derivados de la violencia y el delito nacional y transnacional.

La ministra de Estado de Relaciones Exteriores de Canadá para las Américas y Asuntos Consulares, Diane Ablonczy, reiteró el propósito del acuerdo que es “ayudar a enfrentar el tratamiento a la delincuencia organizada transnacional, un problema que afecta a la seguridad, la salud y la seguridad de millones de personas en Centroamérica”.

Para la funcionaria canadiense, este problema obstaculiza, además, la integridad económica, amenaza la integridad de las instituciones y debilita la democracia de los países de la región.

”Hoy en día la actividad criminal internacional es el reto más apremiante para los pueblos y los gobiernos en América Central, este fenómeno afecta a todos los rincones de la sociedad y pone en serio peligro las libertades, los derechos y la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, expresó la ministra Ablonczy.

La política nacional de justicia salvadoreña, seguridad pública y convivencia consta de cinco componentes: el control y la represión del delito; la prevención social de la violencia; la reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad; la atención a las víctimas; y finalmente, el fortalecimiento institucional y la reforma legal.