La Fiscalía de El Salvador decomisa propiedades del exministro de Defensa
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La Fiscalía de El Salvador decomisa propiedades del exministro de Defensa

El general David Munguía Izq. fue titular de Defensa hasta 2019. Foto: Ministerio de Defensa de El Salvador
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La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador decomisó la semana pasada propiedades del exministro de Defensa, general de división en condición de retiro David Munguía Payés, valoradas en 1,4 millones de dólares, aproximadamente.

Según la Fiscalía, el decomiso se debe a las sospechas de que Munguía "obtuvo los bienes producto de actividades ilícitas y de manera injustificada cuando ejerció sus funciones como ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad Pública entre 2009 al 2018", durante las gestiones presidenciales de Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Aunque el Ministerio Público no reveló muchos detalles de los bienes inmuebles, sí publicó que se trata de propiedades que están a nombre del exministro, de su madre, Blanca Lidia López Méndez, y de su hermano José Roberto Dheming Valle.

El procedimiento contra los bienes del exministro responde a una orden judicial del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, instancia que emite estas acciones de manera preventiva, mientras se procesa judicialmente a los imputados y una vez se depura la querella. De encontrar culpable al procesado los bienes se decomisan definitivamente; de lo contrario, se devuelve todo decomisado.

En ese sentido, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la FGR también embargó, provisionalmente, cuentas bancarias a plazo a nombre del exfuncionario y de su madre.

Procesos judiciales

Munguía enfrenta dos procesos judiciales: uno por una tregua entre pandillas y otro por un intercambio irregular de armas con una empresa privada cuando estuvo al frente de Defensa.

Por la supuesta tregua, se le acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, en el que se investiga a los funcionarios que pactaron con pandillas a cambio de una reducción de los homicidios en 2012.

Según la acusación, entre 2012 y 2013, el gobierno de Mauricio Funes sostuvo una serie de negociaciones con pandillas, en las que se les entregó dinero y otros beneficios, a cambio de reducir homicidios. Funes también es procesado por este caso, aparte de otras acusaciones por corrupción, pero se encuentra refugiado en Nicaragua desde hace unos años y se ha negado su extradición.



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