Finalmente, y luego de años de trámite legislativo, el Poder Ejecutivo de Uruguay reglamentó la denominada popularmente Ley de Derribos que autoriza a la Fuerza Aérea Uruguaya, en determinadas circunstancias, a aplicar la fuerza contra aeronaves civiles. La referida ley establece el mecanismo por el cual el procedimiento de derribo debe cumplirse y específicamente en que circunstancias puede ser empleado.

El Gobierno uruguayo, desde hace tiempo, se encontraba abocado al proceso de establecer un protocolo que sirviese de marco para actuar en caso de que una aeronave civil ingresara al espacio aéreo del país en forma irregular y se convirtiera en una amenaza.

El referido protocolo establece al menos 12 variables sobre las cuales se puede iniciar el proceso de interceptación y cuales son los pasos a seguir, con incrementos en el poder disuasivo, hasta el eventual derribo. Esta decisión final deberá ser tomada en conjunto...