La Fuerza Aérea Uruguaya podrá derribar aeronaves civiles

Finalmente, y luego de años de trámite legislativo, el Poder Ejecutivo de Uruguay reglamentó la denominada popularmente Ley de Derribos que autoriza a la Fuerza Aérea Uruguaya, en determinadas circunstancias, a aplicar la fuerza contra aeronaves civiles. La referida ley establece el mecanismo por el cual el procedimiento de derribo debe cumplirse y específicamente en que circunstancias puede ser empleado.

El Gobierno uruguayo, desde hace tiempo, se encontraba abocado al proceso de establecer un protocolo que sirviese de marco para actuar en caso de que una aeronave civil ingresara al espacio aéreo del país en forma irregular y se convirtiera en una amenaza.

El referido protocolo establece al menos 12 variables sobre las cuales se puede iniciar el proceso de interceptación y cuales son los pasos a seguir, con incrementos en el poder disuasivo, hasta el eventual derribo. Esta decisión final deberá ser tomada en conjunto entre el presidente de la República y el ministro de Defensa, lo que hace cuestionar la rapidez del procedimiento en caso de que sea necesario tomar una decisión en cuestión de minutos.

Otro de los puntos que fueron cuestionados desde algunos ámbitos, es que la posibilidad de derribar a la aeronave infractora únicamente quedaría reservada para situaciones donde exista peligro tanto hacia los aviadores militares que están realizando la intercepción o civiles, cuando la vasta mayoría de los vuelos irregulares son de traficantes de estupefacientes los que, si son interceptados, optan por desoír los llamados a aterrizar y continúan su vuelo hacia algún país fronterizo.

Carencia de aeronaves de intercepción

Otro de los factores importantes a tener en cuenta es que Uruguay actualmente cuenta con apenas un puñado de aeronaves con capacidades de interceptar vuelos irregulares: tres Cessna A-37B Dragonfly y una cantidad similar de Pilatus PC-7U Turbo Trainer artillados, para cubrir el todo el espacio aéreo nacional.

Estas unidades carecen de radar propio y deben ser vectorizadas por radares terrestres, los cuales son insuficientes para cubrir la totalidad del territorio uruguayo.

Ante esto, solo queda esperar por la potencial adquisición de nuevos vectores de combate en los próximos años, con una selección que potencialmente podría terminar durante el 2021 y, a su vez, analizar la posibilidad de adquirir algún radar 3D adicional para complementar los dos de largo alcance actualmente en uso.