El Tribunal Supremo anula la norma que regula la UME mientras el Gobierno afirma que subsanará el error y el PP dice que esta fuera de la Constitución

22/11/2008 (Infodefensa.com) - El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la norma que regula la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) aunque el Gobierno afirmó que subsanará rápidamente el "defecto de forma" identificado por el máxima autoridad jurídica española y que, según el criterio del Ejecutivo, no afecta a su operatividad.

La sentencia da la razón al Gobierno vasco al considerar que el real decreto que en 2007 aprobó el protocolo de intervención de la UME -en el que se establecen las misiones de esta unidad y las situaciones de emergencia en las que debe intervenir, entre otros aspectos-, debería haberse sometido a los informes previos de la Comisión Nacional de Protección Civil y del Consejo de Estado.

En rueda de prensa, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la sentencia no cuestiona "el fondo" de la fuerza conjunta sino su "forma", al tiempo que avanzó que el Ejecutivo subsanará el "defecto de forma" detectado por el alto tribunal "con la mayor rapidez posible".

De la Vega indicó que el Gobierno "acata y respeta" la decisión del Supremo pero incidió en que la sentencia "no valora el fondo" de la UME sino que determina la anulación de su protocolo de intervención "por un tema de forma".

Preguntada por los efectos sobre la operatividad de la UME, la vicepresidenta insistió en que la sentencia se refiere a "una cuestión exclusivamente de forma", el protocolo de actuación de dicha fuerza, y que, "por lo tanto, esos significa que si se solicita su intervención, puede intervenir de la misma manera que puede hacerlo cualquier otra unidad del Ejército o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

PP: La UME fuera de la Constitución

La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Defensa del Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones, emplazó al Gobierno a que lleve a cabo un "replanteamiento general" de la UME, al tiempo que definió a la fuerza conjunta como una "segregación fuera del marco que la Constitución fija para las Fuerzas Armadas".

La diputada afirmó que los 'populares' han sido desde el principio "críticos en general" con la UME por entender que representa la "idea de institucionalizar la emergencia" cuando el Ejército siempre ha estado disponible para ayudar.

"Desde un principio, la UME siempre nos ha parecido una segregación fuera del marco que la Constitución fija para la tarea de nuestras Fuerzas Armadas, que siempre se ha hecho porque las Fuerzas Armadas nunca han dejado de acudir donde han sido necesario", indicó.

Rodríguez-Salmones recordó que la unidad está al mando de un teniente general del Ejército, cuenta con un importante número de militares y dispone de una partida económica que es "prácticamente" la única que sube en el marco de unos presupuestos "tan restrictivos" como los del Ministerio de Defensa.

Tras conocer la sentencia, el Gobierno vasco interpretó que la decisión del Tribunal Supremo "paraliza" el desarrollo de la UME y recalcó su entendimiento de que representa una "clara invasión de competencias", además de demostrar que se puso en marcha por el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero de forma "precipitada e improvisada".

Indicó, asimismo, que la sentencia supone "un afianzamiento de las tesis defendidas por la Administración vasca en la línea de considerar que los cometidos asignados a dicho órgano militar invaden claramente las competencias exclusivas del Gobierno vasco en materia de atención de emergencias".

Protocolo

El protocolo de actuación de la UME, ahora anuló el Tribunal Supremo, pone de manifiesto en el primer apartado de su artículo cuarto que la UME podrá actuar por decisión del Ministerio del Interior, sin necesidad de que lo solicite la comunidad autónoma afectada, cuando dicho Departamento decida decretar que existe una emergencia de interés nacional.

En estos supuestos, siempre según el protocolo de actuación, la UME podría ser desplegada por petición de Interior y decisión del Ministerio de Defensa y, en el caso de hacerlo, su jefe, un teniente general del Ejército de Tierra, ejercería "la dirección y coordinación operativa de las actuaciones a realizar en la zona siniestrada", dependiendo de Interior.

Esta unidad, encuadrada en el Ministerio de Defensa, fue creada en octubre de 2005 y tiene como misión intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas conforme a la Ley de Defensa Nacional.

Argumentación

En una sentencia, la Sala de lo Contencioso del TS explica que para esta regulación no se recabó el informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, trámite que considera esencial, y se omitió además el informe del Consejo de Estado, que es preceptivo, lo que provoca la nulidad de pleno derecho del real decreto impugnado.

La Sala rechaza los argumentos del abogado del Estado respecto a que se trataba de un reglamento meramente organizativo y de que no afectaba a la seguridad de personas o bienes, en cuyo caso no serían necesarios estos informes.

Por el contrario, el alto tribunal establece que se trata de un reglamento ejecutivo y señala que lo que predomina en la norma "no es precisamente la organización de la unidad, y sí cuando actúa, como actúa, como se relaciona, que efectos produce su intervención respecto a otras autoridades y respecto a las personas".

Incluso, añade la sentencia, el real decreto regula la responsabilidad frente a terceros de sus actuaciones en relación tanto con la Administración del Estado como con otras Administraciones, y se atribuye a los miembros de la Unidad el carácter de agentes de la autoridad.

El Supremo explica también que la Comisión Nacional de Protección Civil debería haber informado sobre el real decreto ya que la norma concreta que la UME tiene como misión intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos" y autoriza a la unidad a utilizar medios públicos y privados para el cumplimiento de las misiones asignadas.