La Directemar de la Armada de Chile tendrá un presupuesto de 139,9 millones de dólares en 2022

El proyecto de Ley de Presupuestos 2022 contempla una partida estimada de 139,9 millones de dólares para la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) de la Armada de Chile. Esta cifra, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, representa una disminución de 0,7% en relación al presupuesto 2021.

La Autoridad Marítima destinará el 21,2% a gastos en personal (29,7 millones de dólares), el 36% a bienes y servicios de consumo (50,4 millones), el 0,8% a transferencias a otros organismos (1,1 millones) y el 31,7% a íntegros al Fisco (44,4 millones).

La Directemar asignará 4,8 millones de dólares a la compra de activos no financieros. El organismo empleará 944.000 para la adquisición de vehículos, 1,6 millones para maquinaria, 1,1 millones para equipos informáticos y un millón para renovar licencias informáticas.

Para la compra de activos financieros, asignará el 1,9% del presupuesto (2,7 millones de dólares) y para iniciativas de inversión destinará el 4,6% (6,5 millones)

Operatividad y mantenimiento de unidades

El proyecto de Ley de Presupuestos 2021 para la Autoridad Marítima considera 10 millones de dólares para la operatividad de lanchas de policía marítima, lanchas de servicio de rescate, lanchas de patrullaje costero, lanchas de servicio general, patrulleros oceánicos y aeronaves.

En cuanto al Plan de Mantenimiento de unidades navales, la Directemar dispondrá de 1,9 millones de dólares para carenas y contará también con recursos para la construcción de la Capitanía de Puerto de Cochamó con cargo al Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19.

Para el proyecto Fénix, que contempla la renovación de los dispostivos de señalizacón marítima, y el proyecto Gaviota, que considera la incorporación de cinco helicópteros livianos Airbus H125 y un hangar, destinará 6,5 millones de dólares para finaciar las etapas correspondientes al 2022.

La Directemar contará con 2,8 millones de dólares para financiar las Operaciones de Vigilancia Oceánica (OVO) y Operaciones de Fiscalización Pesquera Oceánica (OFPO) en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país